Diario de León

Las decisiones con los presos dinamitan la mesa de diálogo

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El día después de que la jueza de vigilancia penitenciaria del juzgado número 5 de Barcelona revocara, a instancias de la Fiscalía, el tercer grado a cinco de los nueve presos del ‘procés’, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo que suspenda también la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a los dirigentes secesionistas.

La Fiscalía opta por la vía más restrictiva y quiere impedir que los dirigentes secesionistas puedan disfrutar de beneficios penitenciarios como el 100.2, que les permitió entre febrero y julio salir de la cárcel de lunes a viernes durante el día para ir a trabajar o para hacer labores de voluntariado.

La semana pasada, el Supremo ya tumbó el 100.2 a Carme Forcadell y ahora la Fiscalía reclama la misma decisión para los otros ocho internos soberanistas. Se anticipa una nueva guerra jurídica y Jordi Sànchez decidió hoy impugnar el veto al tercer grado.

La decisión de la Fiscalía del Supremo aviva más si cabe el incendio provocado por el juzgado de vigilancia penitenciaria con el tercer grado y deja el diálogo entre el Gobierno y el independentismo herido de muerte, más aún con la cercanía de las elecciones catalanas.

«Mover ficha»

Los independentistas y los comunes pidieron ayer al Gobierno que no se quede de brazos cruzados y mueva ficha. Los secesionistas no dudaron en cargar todas las tintas contra el Ejecutivo central, al que responsabilizaron directamente de las decisiones de la Fiscalía y hasta de las de los jueces, como si en España no existiera la división de poderes.

A los republicanos

Con los últimos episodios judiciales, el independentismo da por dinamitado el diálogo. La revocación del tercer grado ha radicalizado además las posiciones de los secesionistas, que en vísperas de las elecciones vuelven a jugar la carta del victimismo y enarbolan la bandera de la resistencia. «Es el Gobierno quien ha decidido levantarse de la mesa», afirmó el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. «Sin justicia, no hay paz», advirtió Gabriel Rufián en el Congreso. «Si siguen así, nos vamos todos al carajo», avisó. El presidente del Gobierno replicó que el Ejecutivo ni pone ni quita sentencias y se desmarcó de las decisiones de la al diálogo y comprometen al Gobierno central, que como afirmó ayer Sánchez, sigue contando con Esquerra como futuro socio para aprobar los Presupuestos, aunque sin descartar a Ciudadanos, lo que exaspera a los republicanos.

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