Delgado fulmina a uno de los fiscales del caso Villarejo
Stampa, señalado por el caso que afecta a Podemos, sale de Anticorrupción
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, rechazó ayer otorgar una de las nuevas plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos acusadores públicos del caso Villarejo desde que comenzaron las pesquisas en 2017. La decisión se produce con el respaldo unánime del Consejo Fiscal, el órgano asesor de la Fiscalía General, cuyos miembros no han otorgado la confianza a Stampa y solo la mitad a su compañero en la causa, Ignacio Serrano.
A Stampa no le ha ayudado el expediente abierto en su día por el Ministerio Fiscal para esclarecer su relación profesional con la abogada de Podemos en el caso Villarejo, Marta Flor. Sobre todo en la pieza separada referida al robo del teléfono de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.
Pese a que este procedimiento fue archivado en julio pasado, unas declaraciones públicas recientes del teniente fiscal del Supemo Luis Navajas, luego matizadas, criticando con dureza a su colega, certificaron simbólicamente el final de la etapa del funcionario en Anticorrupción.
Stampa estaba hasta la fecha en comisión de servicios en la fiscalía especializada y tras la decisión de Delgado tendrá que hacer su petate y volver a su plaza en la Fiscalía Provincial de Madrid. Se apagan así los focos mediáticos para este acusador público de 47 años. Un camino de vuelta que no es muy habitual cuando diriges una de las macrocausas más sensibles que se recuerda, que afecta a instituciones y personalidades del Estado, banqueros, empresarios o a la antigua cúpula policial.
El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo ha presentado ayer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, contra la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, contra la exasesora de Podemos Dina Bousselham y contra la abogada del partido morado Marta Flor, por un delito de acusación y denuncia falsa.
En un escrito de más de cien páginas, la defensa de Villarejo señala que estos imputaron al comisario «hechos inciertos con conocimiento de su falsedad y con temerario desprecio hacia la verdad», y vincula esta maniobra del entorno de Podemos con las elecciones generales de abril de 2019.
Explica que a pesar de que se tenía conocimiento de lo incautado en el domicilio de Villarejo desde el registro de noviembre de 2017, «resulta muy sorprendente que determinadas piezas —del caso Tándem— se incoaran desde mediados de 2018» mientras que la número 7, relacionada con el robo del móvil de Dina Bousselham y el posterior uso que se hizo de los datos que contenía, no arrancara con citaciones hasta marzo de 2019. Y eso a pesar de que a finales de 2018 ya se había citado a la exasesora en dependencias policiales.