sábado 21/5/22

mateo balín | madrid

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado martes que anula por falta de motivación un nombramiento de Dolores Delgado en la primera categoría de fiscales es, probablemente, el varapalo más importante que ha sufrido la fiscal general desde que accedió al cargo en febrero de 2020, un mes después de dejar la cartera como ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de junio de 2018. Más allá de las polémicas en las que se ha visto envuelta la antigua fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, ya sea por acción u omisión, la resolución de la Sala Tercera del alto tribunal supone una censura velada a la política de designaciones discrecionales que está llevando a cabo Delgado en estos dos últimos años.

Se trata de un periodo marcado por la elección de compañeros afines en plazas clave con categoría de fiscal de Sala. Delgado ha roto de forma abrupta el equilibrio asociativo que tradicionalmente se daba en la cúpula fiscal. Los datos son elocuentes. Antes de tomar posesión Delgado, de los 31 fiscales de Sala 12 pertenecían a la progresista UPF, nueve eran de la Asociación de Fiscales (AF), enmarcada en el sector conservador y mayoritaria en la carrera, y diez no estaban asociados. Dos años y un mes después, el número de fiscales de primera categoría ha aumentado a 33 al crearse dos nuevas unidades especializadas, de los cuales 16 forman parte del colectivo al que perteneció Delgado, ocho son no asociados, siete pertenecen a la AF y dos más son antiguos miembros de la UPF que se marcharon por discrepancias con la línea del colectivo. Este fue el caso de Pedro Crespo, máximo responsable de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Así las cosas, los fiscales de la UPF dominan en la actualidad la mitad de los puestos más relevantes del Ministerio Público, con consideración de presidentes de Sala.

Delgado ha promocionado a 16 en Fiscalía afines en dos años