La demanda por acoso de Corinna, último escollo legal del rey emérito

Después del archivo de las investigaciones penales en España y Suiza por la fortuna oculta en el extranjero de Juan Carlos I — Anticorrupción zanja que el emérito defraudó entre 30 y 56 millones al fisco pero no puede acusarle porque los delitos se cometieron entre 2008 y 2012 cuando era inviolable como jefe del Estado— sólo queda abierto un procedimiento contra el rey emérito: la demanda interpuesta en Inglaterra por Corinna Larsen por la presunta campaña de acoso a la que fue sometida por parte del anterior monarca y su entorno. Unos hechos por los que reclama una importante cuantía económica por daños y perjuicios y una orden de alejamiento.

En diciembre se celebraron las cuestiones previas en el Tribunal Superior de Justicia con sede en Londres. El juez Matthew Nicklin debe pronunciarse ahora sobre los argumentos defendidos por las partes. Entre otros, si la inmunidad alegada por los abogados del anterior monarca hace que decaiga la demanda al carecer de competencia la jurisdicción británica.

Daniel Bethlehem, abogado de la firma Clifford Chance, quien representa al rey emérito, explicó al juez que su cliente es miembro de la Casa Real y está amparado por la Ley de Inmunidad del Estado aprobada en Reino Unido en 1978, cuyo ámbito de aplicación se extiende al soberano y a los miembros de la Casa Real.

Además, sostuvo no sólo la falta de competencia de los tribunales ingleses para ver la demanda —Juan Carlos de Borbón es aforado ante el Tribunal Supremo español, recordaron—, sino que aún en el caso de que los hechos relatados por la empresaria germano danesa fuesen ciertos, las «numerosas afirmaciones fácticas» que sustentan su escrito «no tienen un nexo territorial evidente con Inglaterra y Gales», ya que también ocurrieron en Mónaco, Suiza, Abu Dabi, Los Ángeles, Austria, Arabia Saudí, Bahamas o en un vuelo de Londres a Nueva York, según recoge la demanda.

El letrado precisó, además, que el presunto acoso y espionaje habrían tenido lugar cuando este era jefe de Estado —abdicó en junio de 2014— y que tal conducta, «incluso si fuera abusiva o ilegal», hubiese estado amparada en todo caso por el blindaje constitucional de la inviolabilidad por actos cometidos bajo su reinado.

La defensa de Corinna Larsen, por el contrario, considera que la campaña de acoso liderada por su expareja y el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, se habría extendido desde 2014 hasta 2020, es decir, cuando el emérito dejó de ser inimputable.

La demanda de 28 páginas del despacho Blake Morgan recoge varios episodios de «vigilancia exhaustiva», allanamiento de morada e interceptación ilegal de teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico. Larsen, de 58 años, los puso en conocimiento de la Policía inglesa en al menos cinco ocasiones, a través de las pertinentes denuncias presenciales y por carta, en agosto de 2019, ante los servicios de seguridad internos, más conocido como MI5, y los de inteligencia.

En su escrito atribuye esta campaña a agentes del CNI o «mercenarios» contratados por la agencia española bajo la dirección de Sanz Roldán y de su sustituta, Paz Esteban.

Todo ello se habría realizado «con la dirección o el consentimiento» de don Juan Carlos. Relata que éste estaba molesto porque su expareja entre 2004 y 2009 se negó a devolverle los 65 millones de euros que le «donó» tras liquidar su cuenta de la fundación panameña Lucum en abril de 2012. Un depósito que ocultó al fisco español para no pagar impuestos.

Larsen considera que esta transferencia fue amistosa e «irrevocable», pero el donante reclamó su devolución íntegra así como la recepción de otros obsequios. Sin embargo, no hubo acuerdo. Las consecuencias «no serán buenas», le avisó el rey emérito por teléfono en septiembre de 2014, poco después de reunirse en un hotel londinense en presencia del abogado suizo Dante Canonica.