El desacuerdo de PSOE y PP para renovar el Poder Judicial afecta ya al Constitucional

La llegada de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP abrió una ventana a la esperanza de ver renovado por fin, después de más de tres años, el Consejo General del Poder Judicial. El nuevo líder de la oposición pidió a Pedro Sánchez en su reunión del 7 de abril en el Palacio de la Moncloa algo de tiempo para ponerse al día y tomar las riendas de la situación, pero dos meses después no hay avances y el problema institucional va camino de extenderse. Este domingo, 12 de junio, caduca el mandato de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, incluidos su presidente, Pedro González-Trevijano, y su vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Y su sustitución se complica por el bloqueo en el gobierno de los jueces.

El órgano que avala la constitucionalidad de las leyes, dirime conflictos de competencias entre el Gobierno central y las autonomías y, sobre todo, da amparo frente a la vulneración de derechos fundamentales se renueva por tercios. La falta de acuerdo político ya retrasó casi dos años, hasta noviembre de 2021, el recambio que dependía del Congreso. Ahora es el turno del Gobierno (dos miembros) y el Poder Judicial (otros dos). Este último, sin embargo, tiene limitada su capacidad para hacer nombramientos estando en funciones, a raiz de la reforma legislativa impulsada el pasado año por el PSOE en un intento de forzar al PP a moverse. Una reforma que, a su vez, fue recurrida por los populares y Vox, pero sobre la que el Constitucional no parece tener prisa para pronunciarse. Los ponentes en ambos casos son dos magistrados a propuesta del PSOE, el vicepresidente Xiol y María Luisa Balaguer.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró el miércoles en Onda Cero que el Ejecutivo podría legalmente nombrar a los dos magistrados que por cuota le corresponen, aunque no aclaró si lo hará. Existe cierto debate jurídico sobre si el relevo de los cuatro miembros que están a punto de agotar su mandato debe producirse o no en bloque, precisamente porque la Constitución habla de renovación por tercios. Algunos sostienen que el planteamiento del Gobierno no es viable. Otros alegan que cuando se constituyó el Constitucional, en 1980, el Gobierno designó a sus dos magistrados (que, en realidad fueron pactados por la UCD y el PSOE junto a los ocho nombres que debían nombrar Congreso y Senado) sin que estuviera constituido aún el CGPJ. El PP ha dado a entender que una vez pasen las elecciones andaluzas del 19 de junio comenzará la negociación. El hombre designado por Feijóo para la tarea, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ya ha mantenido, junto a la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, reuniones preliminares con las asociaciones judiciales. En el Poder Judicial, sin embargo, cunde el desánimo. Han sido tantas las ocasiones en las que las citas electorales se han usado como excusa para posponer una renovación obligada por la Carta Magna que muchos no se fían. Ahora hay, en todo caso, una diferencia respecto a la última etapa de Pablo Casado y es que los populares han dejado de exigir como requisito previo —y sobrevenido— un cambio en el sistema de elección para que sean los jueces quienes elijan directamente a doce de sus veinte vocales.

El pesimismo se apoya también en que la renovación en el CGPJ y en el Tribunal Constitucional dará, si llega, un vuelco a las mayorías de ambos órganos, ahora dominados por los conservadores. En noviembre, cuando PP y PSOE alcanzaron en apenas 24 horas y contra todo pronóstico, un pacto para desbloquear los relevos en el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos ya acometieron también cambios en otro tercio en la institución garante de la Norma Fundamental que equilibraron algo las fuerzas (siete a cinco). Pero en este caso se volverían las tornas. El Poder Judical nombraría a un magistrado conservador y uno progresista. El Gobierno, a dos progresistas.