La disolución de las Cortes cortocircuita las leyes sociales
Decaen la norma sobre la prostitución, el plan para Justicia o equiparar a los forestales
Las ministras Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribero. J.J. GUILLÉN
La convocatoria de elecciones generales ha tenido como consecuencia la disolución de las Cortes y, por lo tanto, decaerán todos aquellos proyectos de ley que estaban siendo tramitados en el Congreso. Unas iniciativas que podrían ser recuperadas en la próxima legislatura, pero cuyo desarrollo empezaría de cero si así lo decide la mayoría que arrojen las urnas. Estas son las principales leyes que quedarán sin aprobar:
Ley de familia: El proyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado marzo y ya había dado sus primeros pasos en el Congreso. Introducía tres tipos de permisos remunerados para cuidar a los hijos, a familiares y convivientes, y ampliaba el número de beneficiarias del cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años (trabajadoras y se preveía incluir también en paro). Por último, las familias monoparentales tendrían los mismos derechos que las numerosas.
Ley de la función pública: El texto presentado por el Gobierno se encontraba pendiente de su tramitación en el Congreso y tenía a los sindicatos del sector público pendientes. Entre otras cosas, incluye la mejora de las carreras profesionales, nuevas exigencias para los altos cargos o sistemas para medir la productividad apoyados en suplementos salariales a los funcionarios.
Plan Justicia 2030: Este proyecto marcará el futuro inmediato de la organización del mapa judicial del país. De esta iniciativa saldrán tres leyes que lo sustenten: la ley orgánica de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital. Los sindicatos de la justicia habían pedido estar presentes en el debate parlamentario. Para impulsar este proyecto el ministerio había recibido 470 millones de fondos europeos.
Ley que regula la prostitución: Esta regulación estaba en fase de enmiendas y hace solo dos meses todo indicaba que la prohibición de la prostitución estaba muy cerca por las posturas cercanas de PSOE y PP. La proposición pretendía convertir en delito lucrarse con la prostitución (hasta cuatro años de prisión al proxeneta), clausurar los burdeles pese a la participación voluntaria de quienes se prostituyan (esta conducta no sería punible) y multar a los puteros.
Ley de movilidad sostenible: Esta regulación estaba en fase de enmiendas y el Gobierno estaba convencido de aprobarla antes de otoño. Los cuatro pilar eran el reconocimiento de la movilidad como un derecho social y un factor de cohesión comunitaria; la descarbonización del sector y la reducción de emisiones contaminantes para mejorar la calidad del aire en grandes ciudades; la innovación y digitalización del sistema, para lo que se contemplaba la creación de una gran base de datos que permitiera mejorar la planificación de infraestructuras; y optimizar el gasto en transporte y movilidad, incluyendo herramientas que incentiven el peso de la participación pública y la transparencia en este plan.
Ley de bomberos forestales: Esta norma pretendía asegurar unas condiciones laborales y profesionales equivalentes a los bomberos forestales y agentes medioambientales en todo el país. Hasta ahora, las comunidades regulan ambas figuras conforme a sus competencias y esto provoca desigualdades entre los trabajadores. Además, los agentes forestales y medioambientales pasarían a tener la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la obligación de colaboración con la Guardia Civil.
Ley de enseñanzas artísticas: La norma impulsada por Educación equiparaba las enseñanzas superiores de Arte Dramático, Música o Danza, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Artes Plásticas o Diseño a los grados universitarios. El acceso a las becas también se igualaba, el profesorado no necesitaría tener doctorado y se le daba a los centros de enseñanza autonomía académica y de gestión.
Ley del cine y la cultura audiovisual: Era una de las iniciativas cuya tramitación estaba más avanzada, a falta de pasar por el Senado. Una de sus claves era la entrada de las series, lo que abría la posibilidad de que estas pudieran recibir ayudas para su producción. Esto provocaba que las plataformas de contenidos televisivos tuvieran que ser transparentes con sus datos de visionado, algo que ahora no ocurre.
Ley del desperdicio alimentario: Solo quedaba también su paso por el Senado. Con ella, España hubiera sido el tercer país de la UE que intentaba legislar para evitar que más de 1.300 millones de kilos de comida acaben cada año en la basura.