El Ejecutivo y el Govern chocan por la sentencia sobre el español en las aulas
La Moncloa avisa que la Generalitat debe cumplir el fallo judicial del 25% de las clases en castellano
Pere Aragonès y el vicepresidente Jordi Puigneró presiden la reunión semanal del Govern. TONI ALBIR
Conflicto a la vista entre el Gobierno central y la Generalitat a cuenta de la inmersión lingüística en un momento en que ERC se aleja del PSOE y Unidas Podemos por la reforma laboral y el enfriamiento de la mesa de diálogo sobre Cataluña. La ministra de Justicia, Pilar Llop, avisó ayer al Govern catalán de que está obligado a cumplir la sentencia sobre el español. «Estamos en un Estado de derecho y en un Estado de derecho se respeta la ley, la Constitución y las sentencias», afirmó la ministra, tras reunirse con la consejera catalana de Justicia, Lourdes Ciuró.
La ministra no dijo más que una obviedad, pero molestó al independentismo, que se siente presionado y ha situado la defensa del modelo de escuela solo en catalán como uno de los ejes de la legislatura. Pere Aragonès lleva días calificando la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, según la cual todos los centros escolares de la comunidad, públicos y concertados, tienen que impartir al menos el 25% de las asignaturas en castellano, como un «155 educativo».
La Generalitat amenaza con desobedecer, mientras las fuerzas independentistas, sobre todo ERC, aprietan al Gobierno para que se ponga de su lado. Y es que, el Ejecutivo va a tener un papel clave. El Govern tiene ahora dos meses para ejecutar la sentencia. Transcurrido ese plazo, las partes del proceso judicial, entre ellas el Gobierno, pueden instar a la justicia a la ejecución forzosa del fallo.
Ahí aprietan los independentistas. Esperan que el Gobierno no vaya más allá de las meras declaraciones de que la sentencia hay que cumplirla y haga como la Abogacía del Estado, que ha abandonado la causa contra una treintena de secesionistas en el Tribunal de Cuentas.
«Las sentencias tienen que cumplirse, otra cosa son las alegaciones y yo no puedo adelantar ni pronunciarme sobre escenarios que todavía no se han producido», dijo Llop, que no aclaró qué pasos dará el Gobierno, si el Govern no acata y se agotan los plazos sin que lo centros cambien sus proyectos lingüísticos.
Si el Ejecutivo no fuerza el cumplimiento del fallo pueden hacerlo otros actores implicados, como los afectados por la sentencia, que tienen que acreditar ante el juez que son perjudicados por la no aplicación del fallo.
«La implementación de la inmersión es un modelo de éxito, nunca ha ido sobre porcentajes, siempre sobre competencias de los estudiantes, por lo tanto no tiene ningún sentido que ahora se haga una aplicación de esos porcentajes», afirmó ayer la consejera de Justicia de la Generalitat. «No tiene sentido que el Gobierno pida cumplir una sentencia que se sustenta en la ley Wert, que ya no está vigente», apuntaron en ERC.
Por ahí puede ir la defensa legal que planteará el Govern, que asegura que ya cumple la actual ley estatal de educación, la que impulsó la ministra Isabel Celaá.
La otra vía la plantea ERC amenazando a Sánchez con dejar de ser su socio en el Congreso y promoviendo un cambio legislativo en el Parlament para tratar de blindar la inmersión. Pere Aragonès espera contar con los comunes y el PSC. Los socialistas no cierran la puerta.
La sentencia fue dictada en diciembre de 2020 a raíz de un recurso presentado en 2015 por parte del Ministerio de Educación. Entonces en manos del PP. Impugnó la «inactividad» de la Generalitat por no garantizar el uso «normal» del castellano y del catalán en las escuelas.