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El Ejecutivo reconoce que la legislatura peligrará si se toca la reforma laboral

El PP confía en que su socio de investidura no ponga en peligro la gestión económica.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

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Nuria Vega
León

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El despertar del Congreso, tras meses de actividad contenida a la espera del desenlace que no llega en Cataluña, augura tiempos de desasosiego para el Gobierno. A la oposición de los grupos de la izquierda se ha sumado con rotundidad Ciudadanos, impulsado por la victoria en las elecciones catalanas y la perspectiva de abrir vías de agua en el armazón del PP. Y en La Moncloa se preparan para hacer frente en la Cámara baja al deshielo de las iniciativas que pretenden revertir las políticas de Mariano Rajoy. De momento, ninguno de los movimientos aviva la tesis del adelanto electoral. Pero fuentes del Ejecutivo y del partido conservador advierten de que si llegara a tocarse la reforma laboral de 2012, la legislatura podría estar en riesgo.

A día de hoy todas las propuestas de modificación en esta materia se encuentran en fase de enmiendas con continuas prórrogas en el Congreso. A nivel político lo que sí aprobó la Cámara el 13 de diciembre de 2016 fue la proposición no de ley del PSOE que plantea la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Los socialistas obtuvieron el respaldo de Podemos, Esquerra y el PNV. Ciudadanos, en cambio, se abstuvo en la votación.

En el PP confían en que su socio de investidura, que presiona en asuntos como la ley de seguridad ciudadana o incluso la prisión permanente revisable, no ponga en peligro la gestión económica ni ataque los instrumentos de los que se dotó Rajoy en la primera legislatura, la de la mayoría absoluta, para afrontar la crisis. Del mismo modo, esperan que las tensiones no lleguen a romper la cuerda entre el Gobierno y Ciudadanos para sacar adelante o bien los Presupuestos de 2018 o los de 2019. En definitiva, que todo es asumible salvo aquello que dinamite la estabilidad del actual mandato.

Poder actualizar las cuentas de este año, lo que en buena medida depende de que el PNV acepte negociarlas, no es estrictamente necesario, pero sí deseable para el Ejecutivo. Sería oxígeno, una muestra de capacidad de seguir gestionando cuando se ha instalado la idea de que Ciudadanos muerde el espacio electoral del PP y que al Gobierno se le multiplican los frentes.

El de los últimos días inquieta especialmente en el PP. Las protestas de los pensionistas han encendido las alarmas en las salas de mandos de la calle Génova y La Moncloa. La reivindicación ha logrado abrirse paso en la agenda pública con la misma intensidad que Cataluña o la corrupción. Y buena parte de la base electoral del PP procede de franjas de edad próximas a la jubilación o que ya han pasado al retiro laboral.

En concreto, en los comicios generales del 26 de junio de 2016, el 36,1% de los mayores de 65 años apostaron por Rajoy. A día de hoy, también según el Centro de Investigaciones Sociológicas, esa cifra habría descendido al 28,8%. Los últimos barómetros de intención de voto recogen que Ciudadanos empieza a convencer en ese sector de la población, aunque sigue estando a 18 puntos del PP. Donde realmente acorta distancias es entre los electores de 55 a 64 años. Y desde octubre supera a los populares en todas las franjas inferiores a los 54 años.

«El Gobierno tiene que actuar con agilidad en temas esenciales para nuestro electorado, porque si no, afectará a la marca PP», avisan fuentes de la formación.

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