El ejemplo de los jueces polacos
El Consejo General del Poder Judicial no se pronunciará oficialmente sobre la carta remitida por tres asociaciones de jueces a la Comisión Europea denunciando que las últimas reformas legales suponen un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España y solicitando incluso sanciones para España.
No obstante, este movimiento es valorado positivamente por algunos vocales pertenecientes al sector conservador del Consejo, que no descartan que este asunto se ponga sobre la mesa durante el próximo Pleno ordinario del órgano, que está previsto para el próximo día 22.
Fuentes judiciales reconocen que para el CGPJ, que es un órgano del Estado, dirigirse a un organismo internacional contra el propio Estado «es algo complejo». Consideran que una asociación profesional lo tiene más fácil.
La misiva remitida a la Comisión Europea se asemeja a la realizada en su día por los jueces polacos cuando su gobierno adoptó decisiones que también éstos consideraban que atacaban a la independencia judicial. Se trata de una decisión «dura», según los vocales consultados, «pero más vale hacerlo ahora que esperar a que sea más grave, como también lamentablemente puede acabar pasando, añaden los vocales consultados.
La valoración que hace este sector del Consejo de la decisión de las tres asociaciones es positiva ya que, más allá de la crítica al modelo de sistema de nombramiento de vocales judiciales, que puede o no compartirse, revela un «compromiso institucional de las asociaciones por fortalecer el Estado de Derecho ante reformas que en el contexto en que se producen suponen una quiebra de la separación de poderes».
Añaden que subyace en ese escrito al dirigirse a una institución de gobierno de la UE «hacer visible el principio de que el juez nacional es ante todo juez europeo» .
Por ello desde este sector consideran que las asociaciones profesionales de jueces y magistrados al emitir este mensaje están cumpliendo con uno de los fines para el que están reconocidas en la CE , a saber: la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia y de los valores constitucionales.
Una vez conocido lo que diga el citado informe técnico los vocales extraerán sus consecuencias y en este momento se plantearán si deben dirigirse ellos también a las instancias europeas que correspondan.
En su día ya se advirtió que este informe no tiene por objeto la realización de futuras impugnaciones de la reforma ante los tribunales -las mismas tres asociaciones de jueces instan a la presentación de un conflicto de compentencias ante el Tribunal Constitucional-, sino la resolución de determinadas dudas que los cambios generan en su labor del día a día y que el nuevo texto normativo no resuelve.