miércoles. 17.08.2022

ERC elevó este lunes la tensión entre los dos socios de la Generalitat al enseñar a Junts la puerta de salida del Gobierno catalán. La secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, instó a los postconvergentes a tomar «decisiones» si se sienten incómodos en el Ejecutivo, ya sea por la apuesta del presidente Pere Aragonès por la mesa de diálogo, que se reunirá a finales de julio, por su política fiscal o por la causa penal de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Junts lleva semanas amenazando con la ruptura. Ultima una auditoría interna para calibrar el grado de cumplimiento de los acuerdos de gobierno y amaga con convocar una consulta a la militancia para decidir sobre su permanencia en el Govern, aunque no pone fechas para no pillarse los dedos, mirando de reojo la resolución del ‘caso Borràs’.

La temperatura ambiental va en aumento. Los postconvergentes formalizaron el pasado fin de semana su distanciamiento ideológico de Esquerra. Por un lado, oficializaron su rechazo a participar en la mesa de diálogo, lo que en el entorno de Aragonès siempre han considerado una causa más que justificada para la ruptura, mientras abogaron por políticas económicas de corte liberal, como reclamar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. El tercer punto de choque entre ambas formaciones, y la gota que ha colmado el baso es la cuestión de Borràs. El cónclave postconvergente cerró filas con su presidenta, en tanto que ERC insiste casi a diario (lo volvió a hacer este lunes) en pedir que se aparte si el juez decreta la apertura de juicio oral.

Esto último se da por hecho, después de que este lunes el TSJC rechazara los recursos presentados por la dirigente nacionalista. El Alto Tribunal desestimó la impugnación contra el auto del 27 de junio que dio por concluida la investigación del caso y la justicia tumbó también el intento de la presidenta de Junts de recusar al abogado instructor, Carlos Ramos.

Abuso de derecho

El TSJC fue además contundente: acusó al letrado de Borràs de abuso de derecho y fraude procesal, «con la finalidad de retrasar la decisión a adoptar sobre una eventual apertura del juicio oral» y negó que este caso tenga connotaciones políticas, como esgrime Junts. En consecuencia, y teniendo en cuenta que la Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación con petición de penas de 6 años de prisión por el delito de prevaricación y 21 de inhabilitación por el de falsedad documental, Borràs está a un paso de que el juez decrete la apertura de juicio oral. La decisión de sentarla en el banquillo podría implicar su cese como presidenta del Parlament, en aplicación de un reglamento de la Cámara catalana.

ERC enseña a Junts la puerta de salida con Borràs a un paso de juicio
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