Diario de León
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ERC ha endurecido las condiciones para que vuelva a reanudarse el diálogo aunque se resiste a desactivar la vía política y mantiene la mano tendida al PSOE.

La amnistía, según los republicanos, debe ser la concesión previa que debería hacer el Gobierno para poder abordar la búsqueda de una solución política a la cuestión catalana y que la negociación pueda afrontarse en igualdad de condiciones.

ERC espera aún gestos del Gobierno. Defiende que gracias a sus votos en Madrid ha conseguido sentar en una mesa al Ejecutivo central y que reconozca que la cuestión catalana es un conflicto político que debe resolverse desde la política.

Mientras, el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, acusó ayer al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez de querer «incautar, expropiar y robar» 15.000 millones de euros a los ayuntamientos y diputaciones ahorrados en los últimos años «para poder financiar lo que acuerdan con sus socios de investidura de Bildu, ERC y PNV».

Durante la clausura de un acto con militantes y cargos públicos del PP gaditano, García Terol ha rechazado el eferido acuerdo que ha presentado la ministra Irene Montero a la Federación Española de Municipios y Provincias, toda vez que ha recordado que el Gobierno de España «aún le debe a los ayuntamientos y diputaciones 150 millones del IVA de diciembre de 2017». «Sánchez presume de que va a recibir 140.000 millones de euros de la solidaria de la Unión Europea, pero ¿dónde está la solidaridad con los municipios?», ha planteado.

A su juicio, «lo nunca visto con la mayor crisis económica las puertas, con la mayor caída del PIB de la historia de España en un trimestre, es que pretendan que en lugar del Estado financiar a los ayuntamientos, que los ayuntamientos financien a la Administración General del Estado».

Por contra, ha avanzado que el PP propone que se cree un plan un fondo de reconstrucción municipal por valor de 5.000 millones de euros «incondicionado, no reembolsable, para ayudar a todos los ayuntamientos, y aquellos que tienen remanentes, que les dejen utilizarlo». Asimismo, el PP reclama un fondo de rescate del transporte público municipal por 1.725 millones de euros «porque han llevado a la quiebra la mayor parte de las concesiones de transporte público municipal». Y también piden los populares un fondo de rescate social ya que por el Covid-19 «la mayor parte de los ayuntamientos han tenido que duplicar e incluso triplicar las ayudas de emergencia social, lo que ha provocado un desequilibrio de sus cuentas públicas».

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