España urge reformas del sistema a Bruselas desde su isla energética
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró ayer su apoyo expreso a la decisión del G7 de poner tope al precio del petróleo que se compra a Rusia y que ha desencadenado que la gasista rusa Gazprom haya anunciado la suspensión del suministro a Europa.
«Desde el Gobierno de España apoyamos esta medida, la unidad es fundamental, pero también pedimos a la Comisión Europea que de una vez por todas haga las reformas que llevamos doce meses pidiendo para defender a la clase media trabajadora y la industria, que emplea mucha gente», manifestó Sánchez. «Frente al chantaje de Putin, que ha dejado claro que la energía es un arma de guerra, unidad», recalcó el presidente en su encuentro con militantes socialistas en Sevilla.
España ya venía planteando desde el verano pasado la necesidad de modificar el sistema de formación actual de precios, en el que el gas marca los costes máximos diarios. La posición española dista mucho de la tensión que viven sus socios comunitarios en materia de suministro. El sistema dispone de seis regasificadoras, los puntos de los puertos donde llegan los buques metaneros de todo el mundo con esta materia prima para ser distribuida por la Península. De hecho, España suma una cuarta parte de las regasificadoras de toda la UE, donde ahora se construyen a toda prisa para dejar de depender de Rusia.
A pesar de los problemas con Argelia, de donde llegaba un 40% del gas y cuya aportación actual es inferior al 25%, el Ministerio de Transición Ecológica descarta problemas de suministro. Las únicas conexiones gasistas con Europa se encuentran en País Vasco y Navarra, pero la capacidad de exportación vía Francia es mínima. De hecho, en los últimos días se ha planteado de nuevo la construcción del gasoducto que uniría Cataluña con Francia (el MidCat), aunque Francia mantiene sus reticencias.
La intervención comunitaria del mercado está aún más cerca. Ninguna economía europea puede aguantar mucho tiempo con el coste de generar electricidad por encima de los 600 euros/Mwh, el precio que ha llegado a alcanzar el mercado en agosto. La consolidación de estos niveles haría cenizas cualquier actividad industrial, empresarial y social por el elevado coste que conlleva, a pesar de las diferencias en las tarifas reguladas o libres de cada país.
A la vista de que el problema se extendía, las voces institucionales llamando a la intervención europea del mercado se han ido sucediendo en las últimas semanas.