domingo. 29.01.2023

La Eurocámara ‘se rebela’ contra el huido Puigdemont

Declara que le permitió ocupar su escaño de «manera ilegal»

El abogado que defiende al Parlamento Europeo en la causa sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont defendió este viernes que la institución comunitaria ha tenido un trato «extremadamente abierto» con el líder independentista. De hecho, el letrado Norbert Lorenz aseguró que la Eurocámara le permitió ocupar el escaño «probablemente de manera ilegal», ya que lo hizo sin que fuera nombrado como eurodiputado en España.

La ley española establece que para ser nombrado como eurodiputado, Puigdemont y los dos exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí tenían que haber viajado a Madrid para jurar el cargo ante la Constitución. Sin embargo, el entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dictaminó —en base a una decisión de la Justicia europea— que los tres podían ser considerados como eurodiputados. Las vistas orales que se celebran este jueves y viernes en Luxemburgo ante el Tribunal Geneneral de la Unión Europea son de vital importancia para la defensa del expresidente catalán y los dos exconselleres. La Justicia belga mantiene suspendidas las euroórdenes contra los tres encausados, a la espera de conocer la decisión de la corte europea, que llegará en el primer trimestre de 2023. La sentencia podrá ser recurrida por ambas partes.

En su intervención de este jueves, la defensa de los tres políticos independentistas alegó que la Eurocámara no respetó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí al tramitar los suplicatorios para suspender sus inmunidades. El abogado, Gonzalo Boye, sostiene que el proceso fue «irregular y parcial». «Les pedimos que protejan a mis clientes del propio Parlamento Europeo», aseguró durante la vista.

En marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la retirada de la inmunidad a Puigdemont y Comín -reclamados por sedición y malversación-; y a Ponsatí -solo por sedición-, al considerar que los hechos por los que les requería la Justicia española eran anteriores a que ocuparan su escaño y no guardaban relación con su actividad como eurodiputados. La estrategia de la defensa se basa ahora en la teoría de que los europarlamentarios son víctimas de una persecución política y, en la sesión de ayer, Boye destacó que el proyecto de ley para derogar el delito de sedición refuerza esa tesis. «Es público y notorio que varios ministros y el propio Pedro Sánchez, han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España», ha sostenido. Boye defendió también la anulación del suplicatorio argumentando que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó la petición del Supremo, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, no fue imparcial durante el proceso, ya que forma parte de un partido que ha mostrado «hostilidad» hacia los independentistas.

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