La euroorden entra en boxes

Cuando en diciembre de 2017 Rafael Catalá trasladó a la UE su preocupación como ministro por las posibles deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, Puigdemont llevaba 40 días en Bélgica. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, no llegó a formular una propuesta de revisión de este mecanismo judicial. En las instituciones comunitarias, el clima no era favorable a la demanda de España y el Ejecutivo rehusó poner el foco en las sombras de un instrumento que se había revelado fundamental en la lucha contra el terrorismo. Ahora, dos años después, el Parlamento Europeo se ha abierto a revisar la euroorden.

En los próximos meses, el representante del PP Javier Zarzalejos se ocupará de la elaboración de una ponencia sobre la principal herramienta de cooperación judicial entre los países de la UE con el objetivo de sugerir mejoras que refuercen su eficacia. Designado por la Eurocámara, el parlamentario precisa, en todo caso, que situaciones como la dilatada estancia de Carles Puigdemont en Bélgica, sin que hasta ahora se haya atendido la solicitud de entrega a España, no ponen en absoluto en cuestión la euroorden. El proceso aún no ha comenzado, pero Zarzalejos plantea, al menos, dos ámbitos de trabajo: la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para «reducir» el espacio de interpretación de la euroorden.