Europa escuchará las quejas de los jueces españoles
Recuerda a España que debe evitar la politización del Poder Judicial
Laura Borràs conversa por videoconferencia con el expresidente Carles Puigdemont. ALBERTO ESTÉVEZ
La Comisión Europea realizará una serie de visitas «virtuales» por las restricciones del contexto pandémico a todos los países de la Unión Europea para preparar su informe anual sobre el respeto al Estado de Derecho. A España le tocará a finales de este mes.
Así lo avanzó ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, después de confirmar que Bruselas ya estudia la carta de tres asociaciones judiciales españolas que representan a unos por 2.500 magistrados que temen que la «independencia e imparcialidad» se vea comprometida por la reforma del Consejo General del Poder Judicial que abanderan PSOE y Unidas Podemos para impedir que mientras este organismo esté en funciones efectúe nombramientos en la carrera judicial.
El portavoz comunitario desvinculó esa evaluación de la misiva e insistió en que «estaba prevista y no ha sido reprogramada» por la denuncia de los jueces españoles. Aunque «escucharemos a todos las partes interesadas y también directamente a los magistrados y sus representantes».
Respecto al contenido de la carta, impulsada por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Profesional de la Magistratura y el Foro Independiente Judicial, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen no se pronunció.
«La estamos estudiando atentamente y daremos una respuesta lo antes posible», explicó el portavoz de Justicia.
Wigand ya se ha referido en otras ocasiones a la controvertida reforma del Consejo del Poder Judicial y ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que «cuando los Estados miembros reformen el poder judicial deberá hacerse siempre en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia»,un órgano consultivo del Consejo de Europa que, entre otras funciones, vela por la independencia judiciales.
En su respuesta de ayer ratificó, de hecho, que «la posición (de la Comisión Europea) ha sido muy clara» sobre dos ideas básicas expresadas con anterioridad: que se ponga fin al actual periodo de interinidad en el Consejo del Poder Judicial (su mandato finalizó en diciembre de 2018) y evitar que la institución «pudiera ser percibida como vulnerable» a los intereses políticos.
Los contactos técnicos para la redacción del informe anual del Estado de Derecho en la Unión Europea tienen, de momento, un carácter técnico y tienen como finalidad detectar posibles anomalías en las reformas legislativas de los Estados miembros tras sondear a «todas las partes interesadas», incluido el propio Gobierno.
Las asociaciones judiciales citadas refieren en su escrito de denuncia dirigido a la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, que las reformas pretendidas supondrían el «apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial y su «colonización» por los partidos políticos, lo que afectaría a «su independencia e imparcialidad».