Exministros del PSOE cargan contra los beneficios a condenados del ‘procés’
Los firmantes creen que «deja impune la desviación de caudales públicos para actos contra el Estado»
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición hizo público ayer un manifiesto contra la derogación del delito de sedición y la modificación de la malversación promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para beneficiar a los condenados del ‘procés’. Entre los firmantes del texto se encuentran hasta cinco exministros del PSOE: César Antonio Molina, extitular de Cultura; Javier Saénz Cosculluela, exministro de Obras Públicas y exportavoz del Grupo Socialista; Virgilio Zapatero, exministro de la Presidencia y catedrático; Julián García Vargas, exministro de Defensa y de Sanidad; y José Luis Corcuera, el que fuese responsable de Interior.
Todos ellos denuncian que tal medida supondrá «un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente» por parte de los partidos separatistas y que están en contra de la Carta Magna.
En el texto difundido aluden a que Sánchez «no mencionó» la modificación de estos delitos «en su discurso de investidura» y que «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea, tal y como sostiene el propio mandatario socialista.
«Con esta reforma se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas», apunta la asociación en el manifiesto difundido. Y añade que «pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito». Los firmantes también recalcan que el movimiento efectuado por el Ejecutivo «deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal».
Francisco Vázquez y Nicolás Redondo, exdiputados socialistas ambos, son otros de los firmantes de un texto que han secundado ex altos cargos de los últimos 40 años: exsecretarios de estado, embajadores, exmagistrados del Tribunal Constitucional, catedráticos y antiguos cargos autonómicos, provinciales y locales. Más de 300 personas y una veintena de entidades en total. Se trata de la misma asociación que el pasado julio protestó contra la Ley de Memoria aprobada por el Ejecutivo.