Los expresos del ‘procés’ usarán la reforma penal para pedir su absolución
El Ejecutivo se desvincula ahora del desenlace judicial y deja el caso en manos del Supremo
Aragonès en la exhumación del antifranquista Martos, ayer. QUIQUE GARCÍA
Los expresos del ‘procés’, indultados por el Gobierno en junio de 2021, buscan ahora su absolución. Tras la reforma del Código Penal, que entra este jueves en vigor, ya sin el delito de sedición y con la malversación modificada, los líderes independentistas ultiman su estrategia jurídica para sacar el máximo provecho a los cambios legales.
De todas maneras y como ya ocurrió con los indultos, ERC y Junts discrepan en los pasos a seguir. Así, por ejemplo, los dirigentes de ERC -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa- apuestan por pedir cuanto antes una revisión de la sentencia al Tribunal Supremo sin esperar a que el Alto Tribunal mueva ficha. En cambio, los de Junts —Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn— se mantienen a la espera de que el Supremo actúe de oficio y se dirija a ellos.
El Alto Tribunal está obligado por ley a revisar las sentencias cuando hay un cambio en el Código Penal. Abrirá, por tanto, un expediente de oficio y pedirá a las partes que se posicionen sobre cómo afecta a los dirigentes nacionalistas la reforma legal pactada entre los socialistas y los republicanos. Es ahí cuando los de Junts podrían presentar sus escritos. Aunque también podrían no hacerlo, como pasó con los indultos. En cualquier caso, todos buscan la absolución.
En principio, ni Jordi Sànchez ni Jordi Cuixart, expresidentes de la ANC y Òmnium, respectivamente, tienen previsto reclamar nada. La revisión debe partir del principio de retroactividad de la ley penal más favorable para el reo.
Fueron condenados a penas de 9 a 13 años de prisión por sedición y también por malversación, en el caso de cuatro de ellos (Junqueras, Romeva, Bassa y Turull). El Gobierno aprobó un indulto parcial. Salieron de prisión, cuando aún les quedaban entre 5 y 9 años de condena, pero a pesar de la medida de gracia siguen aún hoy cumpliendo la pena de inhabilitación que afecta a su participación política.
El tacticismo político ha enfrentado a ERC y Junts, que ya chocaron durante la negociación de la reforma del Código Penal, a la que se opuso la formación de Puigdemont, a pesar de que sus dirigentes podrían salir beneficiados. Los de ERC son partidarios de presentar cuanto antes la petición al Supremo. Reclaman que se les extinga toda responsabilidad penal y que se supriman también las penas de inhabilitación. Los argumentos serán que el delito de sedición ya no existe y que malversación ya no se les puede aplicar, ni tampoco el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
El Gobierno, que pactó la reforma con Esquerra, socio parlamentario clave, trata ahora de marcar distancias respecto al futuro judicial de los cargos independentistas vinculados con el ‘procés’. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, alegó en TVE-1 que es «lógico» que las defensas pidan la revisión de condena una vez se han modificado los tipos delictivos pero añadió que está en manos del Supremo decidir si cabe o no mantener las penas de inhabilitación y defendió incluso que con la ley en la mano podría perfectamente dejarlas como están si aplica la disposición transitoria incluida durante la tramitación en el Congreso para reducir el margen de las revisiones cuando las condenas impuestas se muevan dentro de unas horquillas aún posibles, una prevención que no se incluyó en la llamada ley del solo el ‘sí es sí.
El matiz está en que, pese a lo argumentado por el Ejecutivo, no necesariamente el Supremo debe entender que, derogada la sedición, tiene que pasar a aplicar las penas estipuladas para el nuevo delito de desórdenes públicos y si decaen las penas por sedición podrían desaparecer también, a juicio de algunos juristas, las de la malversación porque el tribunal interpretó en su día que ese otro delito fue solo un medio para cometer el principal, sedición.