domingo. 05.02.2023
Los dos políticos están acusados de cobrar dinero a cambio de favores en la construcción | Crónica | Tensión y sospecha en Fago |

Fianza de cien mil euros para el alcalde y el edil de Urbanismo de Alhaurín «Si no fue alguien de aquí, ¿cómo sabían tanto?»

Cargos populares califican las detenciones de persecución ante las críticas socialistas
Los vecinos de Fago empiezan a recuperar su vida normal
Los vecinos de Fago empiezan a recuperar su vida normal
La titular del juzgado número 2 de Coín, Isabel María Pérez, ordenó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros al alcalde de Alhaurín el Grande, José Martín Serón, y al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a quienes se les imputan los delitos de cohecho y prevaricación. Tras pasar la noche en los calabozos de la comisaría de Málaga, fueron trasladados en un coche policial a los juzgados de Coín para declarar ante la juez. Llegaron esposados, con semblantes serios y aparentemente tranquilos. En los alrededores de los juzgados se agolpaban cientos de vecinos aguijoneados por la curiosidad. El primero en declarar fue el concejal de Urbanismo. Lo hizo durante unos 40 minutos, y a continuación compareció el primer edil, quien necesitó media hora para dar explicaciones a la juez sobre los delitos que se le imputan. Pasadas las seis de la tarde, la juez decretaba su puesta en libertad previo pago de la fianza. Ambos fueron detenidos el pasado jueves en Marbella, tras asistir a un mitin-almuerzo del presidente del PP, Mariano Rajoy. La Policía les arrestó en una cafetería del municipio malagueño. Noticia esperada La investigación comenzó hace dos meses, a raíz de la denuncia de un promotor, quien denunció que los implicados le habían presionado para que pagase a cambio de que prosperasen sus gestiones. Las fuentes consultadas apuntaron que, en un primer momento, la investigación se centró en el concejal y más tarde se amplió al regidor. Según fuentes policiales las detenciones tienen que ver con el desembolso de sumas de dinero a cambio de favores urbanísticos, como «excesos de edificabilidad» en obras o «modificaciones en la calificación urbanística de terrenos». Para el pueblo, de 20.000 habitantes, la jornada fue atípica, no se hablaba de otra cosa en las calles. Algunos vecinos «esperaban la noticia» desde hacía tiempo, mientras que a otros les «cogía por sorpresa». Durante todo el día hubo reacciones políticas de todo tipo. En el PP, la teniente de Alcalde de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, calificó las detenciones como «una persecución contra el PP y no contra la persona del alcalde». Incluso algunos dirigentes locales culparon al PSOE de las detenciones. Más moderados fueron en la ejecutiva regional. El presidente, Javier Arenas, se mostró «triste y sorprendido» por la noticia y confió en la justicia para solucionar el problema. En el lado opuesto, el PSOE, criticó que algunos miembros del equipo municipal de Alhaurín quisieran «politizar una decisión judicial». Además, subrayaron que las sospechas sobre presuntos delitos urbanísticos sobre el alcalde vienen de hace varios años, cuando ellos mismos denunciaron ciertos tratos de favor de Martín Serón en el terreno urbanístico, una denuncia que finalmente archivó la Fiscalía. Cuando e cumple una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel Grima, el pueblo de Fago mantiene viva una división de la que la gestión del alcalde asesinado parece ser el eje. Pese a que vecinos y autoridades locales han manifestado su malestar por la imagen que los medios de comunicación están trasladando sobre esa «división», lo cierto es que ésta existe. Parece que la muerte del polémico Grima no ha hecho si no acrecentar la fractura existente entre sus partidarios y sus detractores, ahora bajo sospecha y, más o menos veladante, señalados por los primeros como posibles responsables de la tragedia. Si Santiago Mainar, uno de los vecinos enfrentados con el alcalde, afirmaba ayer en estas páginas que Grima no era más que una marioneta en manos del «cacique», personificado por Adolfo Navarro, éste encajaba el calificativo con un retórico: «¿Eso dice de mí un sospechoso?». Navarro, que ayer llegaba a su casa de Fago -durante el invierno reside en Jaca- para sumarse hoy a la concentración ciudadana en repulsa del crimen, no escatimaba elogios para recordar a Grima. «Miguel era el mejor alcalde que ha tenido Fago. Era trabajador y consiguió muchas cosas para el pueblo, desde la traída de agua hasta una antena de telefonía móvil. Aquí se vota a la persona, no al partido. Él era independiente. Le votamos todos, mientras que a Santiago Mainar, que se presentó por el PSOE, no le votó nadie, sólo sus tres o cuatro amiguetes». El mentor y amigo de Grima también se hizo una reflexión muy extendida en la zona para condenar este crimen: «Si te equivocas, te arrepientes, ¿pero éste es el precio que tiene que pagar alguien por sus errores? Lo triste del caso es que le han matado, lo han matado como a un perro». Sospechosos Adolfo Navarro, que también fue alcalde de Fago entre 1987 y 1991, afirmaba ayer que los criminales lo habían hecho «muy bien, estaba bien planificado», recordando que a Grima lo mataron a kilómetro y medio de Majones, en dirección a Fago, y el coche lo encontraron 12 kilómetros más atrás, en dirección a Huesca. «Si no fue alguien de aquí, ¿cómo sabían que Miguel estaba en una reunión de la comarca de la Jacetania, cómo sabían a qué hora y por dónde volvía? ¿Cómo lo sabían, si no eran de aquí? ¿Quién lo estaba siguiendo? Yo no acuso a nadie, pero tenía que ser de por aquí, porque conocían el terreno. Donde se encontró el cadáver es donde acaba la cobertura del móvil casi hasta Fago, perfecto para que avis-ran de que ya subía». Otra vecina de Fago, María Eugenia Barcos, en una carta remitida a pe-riódicos locales y titulada «Fago y su arma», abunda en la división del pueblo y acusa con dureza a los vecinos enfrentados con Grima por la negativa del alcalde a censarlos en Fago o por el cobro abusivo de tasas.

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