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El fiscal apoya investigar al diputado que falló en el voto de la reforma laboral

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La Fiscalía del Tribunal Supremo se mostró a favor de abrir una causa penal al diputado nacional del PP Alberto Casero por delitos de prevaricación administrativa y malveración de caudales públicos. El Ministerio Público ha respaldado la exposición razonada remitida por una juez de Trujillo (Cáceres), donde el aforado fue alcalde, para investigar estos ilícitos ocurridos supuestamente durante su mandato en 2017 y 2018. Casero fue el número dos del exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, y su nombre acaparó todos los focos por su error en la votación que supuso que saliera adelante la reforma laboral del Gobierno.

La Fiscalía apunta que Casero contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja. y firmó con él contratos por 18.000 euros.

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