Diario de León

La Fiscalía apoya investigar «todos» los contratos de Podemos con Neurona

Recrimina al partido que no haya dicho cuántos empleados tuvo la consultora, si eran de México o su alojamiento

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la campaña catalana. ALBERTO ESTÉVEZ

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la campaña catalana. ALBERTO ESTÉVEZ

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Los contratos electorales de Podemos con la consultora Neurona, lejos de archivarse, siguen bajo el foco de la Fiscalía y del juez de instrucción de Madrid. En un recurso conocido este martes, el Ministerio Público recordó a la formación liderada por Pablo Iglesias que la principal vía de investigación en estos momentos es determinar si el partido cometió delito electoral, por lo que indica que es razonable investigar «todos los contratos» que haya firmado con la consultora antes de los comicios de 2019. La Fiscalía apunta que el hecho de que se hicieran pagos a esa sociedad presuntamente ficticia, 363.000 euros, «obliga a realizar una mínima investigación». Y añade que puede darse el caso de que esta indagación puede redundar en interés de Podemos por cuanto podrían extraerse conclusiones en beneficio del mismo tanto en relación a la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados.

En su recurso también avisa a la formación morada de que los hechos puestos de manifiesto en la denuncia originaria del ex abogado del partido, José Manuel Calvente, sobre la consultora y la documentación aportada a la causa por el Tribunal de Cuentas, «no han sido desvirtuados a día de hoy tras la práctica de diligencias». «Todo ello, añade, casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, sí se desplazaron desde México y cuándo y dónde se hospedaron. Una información de fácil acceso que no ha sido facilitada», recrimina el fiscal del caso.

Archivo de las obras de la sede

La Fiscalía Provincial de Madrid ha respaldado el archivo de la investigación en relación a las obras en la sede de Podemos al no ver delito de administración desleal. Entiende que los testigos interrogados al respecto han dado «cumplida explicación» del desfase entre el proyecto inicial de reforma y la ejecución, y añade que el hecho de que haya diferencias de ese tipo es «frecuente en la ejecución de obras».

En una nota informativa, el Ministerio Fiscal explica su posición sobre diferentes escritos de las partes, y aborda primero la impugnación de los recursos de reforma y subsidiario de apelación interpuestos por acusaciones como Prolege o Vox contra el auto del magistrado de 12 de enero que acordaba el sobreseimiento provisional en relación a las obras de la sede de la formación ‘morada’.

«Ningún indicio existe pues, de la existencia de un delito de administración desleal. El tipo penal castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial sin que resulte de las diligencias practicadas que los gerentes de la sociedad hayan infringido sus facultades o ni siquiera la existencia de un perjuicio patrimonial», abunda el Ministerio Público para apuntalar su decisión de pedir la confirmación del auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 42, Juan José Escalonilla.

Recuerda que el propio arquitecto responsable de la reforma declaró en sede judicial que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras. A Fiscalía le llama la atención sobremanera además que Prolege, quien ejerce la acusación popular, «vele por los intereses» de Podemos al considerarlo como perjudicado en su patrimonio «cuando ni el propio perjudicado se considera como tal».

Al hilo, y puesto que Prolege pedía en su escrito un informe pericial para determinar si el precio de la obra era ajustado a mercado, Fiscalía indica que esa diligencia no tendría otro objeto que la de mantener la investigación abierta bajo la tesis de que hubo una confabulación de Podemos con los contratistas para fijar un precio superior al habitual.

Respecto al recurso de Vox que pedía continuar investigando las obras, el fiscal dice que no existe elemento alguno que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente y hay ausencia de perjuicio acreditado.

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