La Fiscalía da oxígeno a Torra al apoyar que siga de momento al frente de la Generalitat
El Ministerio Público arremete contra la JEC y avala que no se ejecute su inhabilitación hasta que la sentencia sea firme
Quim Torra durante su intervención en la primera Cumbre Catalana de Acción Climática.
Si el Tribunal Supremo hace suyo el criterio de la Fiscalía, Quim Torra podrá seguir, al menos, unos meses más con su acta de diputado y no tendrá problemas para continuar al frente de la Generalitat. Y es que el Ministerio Público hizo saber ayer al Supremo que «no se opone» a que este tribunal suspenda de forma cautelar la inhabilitación del presidente catalán, dictada por la Junta Electoral Central (JEC), hasta que sea firme la sentencia por negarse a retirar en campaña electoral los lazos amarillos y las pancartas en la Generalitat en favor de los políticos presos. Y no solo eso, la acusación pública va más allá y, en un informe en el que no tenía que entrar en el fondo de la cuestión, defiende que la competencia para retirar la credencial de diputado a Torra la tiene el Parlamento de Cataluña y no la JEC.
Este guiño a Torra es la primera decisión de calado del Ministerio Público sobre una materia sensible desde que se conociera esta semana la decisión, no exenta de polémica, de Pedro Sánchez de proponer a la exministra Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General del Estado y de que esta designación provocara una tormenta en los tribunales, hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial evitara certificar su «idoneidad» en su reunión del jueves. No obstante, al menos formalmente, Delgado, a la que le falta el trámite de pasar el examen ante la Comisión de Justicia, todavía no ejerce como máxima responsable del Ministerio Público, puesto que ocupa de forma interina el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas.
Sea como fuere, el Ministerio Público en su escrito al Supremo se muestra muy beligerante con la actuación de la Junta Electoral, por mucho que ésta se apoyara para su resolución en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el pasado diciembre condenó a Quim Torra por desobediencia a un año y medio apartado de la función pública.
En sintonía con el planteamiento de los independentistas, la Fiscalía mantiene que la JEC se saltó directamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), porque ésta «no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato y declarar vacantes sus escaños».
Es más, el escrito que firma el fiscal Pedro Crespo denuncia la extralimitación de la Junta, ya que la apreciación de esas causas de inelegibilidad o incompatibilidad correspondería al órgano «en el que ejerce su función de representación política el interesado», o sea, el Parlamento autonómico.
Tras este duro varapalo a la JEC, el Ministerio Público apoya la petición de medidas cautelares del president, argumentado que si se hace efectiva la inhabilitación dictada por la Junta Electoral y luego es absuelto por el Supremo, el daño a Torra sería irreparable.
En su escrito de 21 páginas, la Fiscalía entiende que, «en orden a la prudente y equilibrada preservación» de los intereses en conflicto, considera «asumible» la petición de Torra hasta que la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal resuelva si la decisión de la JEC del pasado 3 de enero es conforme o no a derecho.
El Tribunal Supremo, tras recibir el escrito de la Fiscalía, sigue a la espera de que la Junta Electoral Central, a la que también ha pedido su parecer sobre este asunto, remita sus alegaciones. La sala, según fuentes jurídicas, espera resolver sobre la paralización de la inhabilitación de Torra la próxima semana. Su decisión será firme.