domingo 29/5/22

La Fiscalía investiga la expulsión de dos menores a los que ya se intentó devolver

El Ministerio Público solicita las imágenes de las cámaras de seguridad de la frontera de Ceuta

La entrada de más de 12.000 migrantes en Ceuta en apenas 48 horas el pasado mes de mayo y la posterior repatriación de la mayoría de ellos ha acarreado la apertura de varias diligencias de investigación de la Fiscalía sobre la gestión de la crisis por parte de las autoridades españolas.

La última denuncia la presentó a principios de diciembre una ONG que sostiene que se ha expulsado supuestamente de forma irregular a dos menores a los que ya se intentó devolver en agosto, procedimiento que un juzgado ordenó paralizar por la posible vulneración de la Ley de Extranjería.

Fuentes judiciales confirman que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación y ha enviado un oficio a la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta para que informe sobre su actuación en estos hechos. En concreto, el Ministerio Público ha solicitado las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la frontera para comprobar si, como se dice en la denuncia, se procedió a la devolución de los dos menores en las fechas que indica la ONG.

La Benemérita ya ha respondido al oficio enviado por la Fiscalía. Según las mismas fuentes, la comandancia ha contestado que no conserva las imágenes captadas por la videovigilancia en las fechas señaladas.

Otra causa que también sigue adelante es la que se centra en la denuncia contra la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, que declaró como sospechosa —término que se emplea para estas testificales ante la Fiscalía— el pasado 13 de diciembre por un posible delito de prevaricación administrativa en la repatriación de 55 menores marroquíes que llegaron solos a la ciudad autónoma en la crisis de mayo.

Esa devolución se produjo a mediados de agosto a raíz de un correo electrónico enviado por la Secretaria de Estado de Seguridad a la delegación del Gobierno ceutí en el que le «rogaba» iniciar cuanto antes la repatriación de menores marroquíes no acompañados en base al acuerdo de 2007 sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno, pero sin ceñirse al reglamento de la Ley de Extranjería.

La delegada esgrimió como argumentario las circunstancias excepcionales de la crisis migratoria, el interés superior del menor y que pudieran reencontrase con sus padres, lo que entronca con las manifestaciones realizadas el 16 de agosto por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien defendió el procedimiento tras alegar que no era una expulsión, sino «un retorno asistido de los menores conforme a un marco normativo» y que «los menores querían volver a su país», insistió entonces Grande-Marlaska.

Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 2 de Ceuta suspendió todas las devoluciones de menores marroquíes no acompañados tras el habeas corpus invocado por cinco adolescentes en la frontera, justo cuando estaban a punto de ser expulsados.

La Fiscalía investiga la expulsión de dos menores a los que ya se intentó devolver
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