La Fiscalía pide a la jueza el archivo del 8-M por la inconsistencia de la denuncia

La Fiscalía pidió ayer a la jueza que instruye la causa de las manifestaciones del 8-M en Madrid que la archive. Basa su solicitud en la inconsistencia de la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid porque no existe resolución alguna que acredite que pudo incurrir en una prevaricación y, además, no tiene competencias sanitarias.

Carmen Rodríguez-Medel deberá decidir ahora si atiende la petición del Ministerio Público, aunque de entrada ha citado para mañana en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid al delegado José Manuel Franco y al día siguiente a una docena de testigos. Si archiva la causa, privará a la oposición de uno de sus principales arietes contra la gestión del Gobierno de la pandemia de la Covid-19. Tanto el PP como Vox sostienen que el Ejecutivo era consciente de los riesgos que comportaba la celebración de las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer y que desoyó las recomendaciones de organismos internacionales para evitar las concentraciones de personas.

La Fiscalía entregó su escrito de 23 páginas en el juzgado un día después de que el presidente del Gobierno reclamara a la Guardia Civil que sus informes judiciales «se elaboraran con garantías y confidencialidad». La causa se sustenta en una investigación de ese cuerpo de seguridad, que por decisión de la jueza ejerce de policía judicial en esta caso, con numerosos errores e inexactitudes, según el fiscal.

Una opinión que intenta desmenuzar en su escrito. Señala que para que haya prevaricación, como arguye el denunciante, un abogado con varias condenas por mala praxis, tiene que haber un hecho, una decisión, y en el auto de Rodríguez-Medel de incoación de la causa no aparece. Y no existe, sostiene la Fiscalía, porque es «palmario» el delegado del Gobierno no tomó ninguna decisión sobre las manifestaciones del 8-M. Franco recibió una comunicación con la convocatoria de las marchas, «pero recibir comunicación no equivale a dictar resolución». También resalta que la Delegación del Gobierno nunca pudo invocar razones de salud pública para prohibir las manifestaciones porque los representantes territoriales del Ejecutivo «no ostentan competencias en materia sanitaria».

TRES DÍAS DESPUÉS

La Fiscalía recuerda que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades señaló el 2 de marzo que era «recomendable» la cancelación de concentraciones de personas cuando la emergencia sanitaria está en el nivel 3 o 4, y España en la primera semana de marzo estaba en el nivel 1. La Organización Mundial de la Salud , abunda la Fiscalía, declaró que la Covid-19 era una pandemia el 11 de marzo, tres días después de las manifestaciones. Con estos antecedentes, concluye el escrito, «pretender que el investigado» conocía que podía haber evitado «la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil».

La Fiscalía reprocha además Rodríguez-Medel que decidiera «la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes» en plena vigencia del estado de alarma porque «supone una vulneración de las normas» que rigen durante ese régimen de excepción, amén de generar «indefensión al denunciado».

Un repaso que deja en evidencia «el error», a juicio de miembros del Gobierno y dirigentes socialistas, del ministro del Interior de destituir al comandante de la Guardia Civil de Madrid, Coronel Diego Pérez de los Cobos, por no informarle de la investigación sobre el 8-M porque la causa. Pero la irrupción de Fernando Grande-Marlaska, arguyen los críticos con el ministro, proporcionó elementos a PP y Vox para elevar la actuación del Gobierno a la categoría de intromisión en la justicia.

Ahora bien, la última palabra sobre el futuro de la causa del 8-M está en manos de la jueza. El criterio de la Fiscalía, aunque siempre tiene peso jurídico, no es determinante para la toma decisiones del instructor.