La Fiscalía recurre el tercer grado de los presos independentistas de Lledoners
Pide al Supremo que les revoque la semilibertad que les concedió vigilancia penitenciaria
Josep Rull y Jordi Turull regresan a Lledoners tras disfrutar del tercer grado a finales de julio. SUSANNA SÁEZ
La Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo el tercer grado que el Departamento de Justicia de la Generalitat concedió a los siete líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners y que la juez de vigilancia penitenciaria avaló la semana pasada.
En sus siete recursos a la sala segunda del Supremo, a la que como tribunal sentenciador corresponde revisar la clasificación penitenciaria de los presos del procés, el fiscal pide que se les revoque la semilibertad, que a su entender el Govern les otorgó con el fin de «alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento».
La juez de vigilancia avaló la semana pasada el tercer grado de los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull y de los Jordis, aunque lo mantuvo suspendido a la espera de que resuelva el Supremo, tal y como solicitaba la Fiscalía.
A diferencia de los siete presos en Lledoners, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa —internas en las cárceles de Wad Ras y Puig de les Basses, respectivamente—, siguen disfrutando del tercer grado, puesto que los jueces de vigilancia correspondientes descartaron suspenderlo mientras resuelven sobre el fondo del asunto.
El escrito de la Fiscalía arremete contra la «política penitenciaria» del Departamento de Justicia, puesto que no persigue tanto la rehabilitación de los presos como «alterar» la sentencia y transmite el mensaje de «que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos».
La Fiscalía remarca que el tercer grado supone el «más alto nivel de libertad» en la clasificación penitenciaria y requiere que el interno esté en condiciones de hacer vida en semilibertad y que se hayan cumplido o «casi cumplido» todos los fines de la pena, lo que considera que no ocurre en el caso de los presos de Lledoners.
Para el ministerio público, el proceso de rehabilitación de los presos del «procés» en Lledoners «ha fracasado» porque mantienen «todos los déficits» que les llevaron a delinquir, como la «falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlament de Cataluña por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional, así como la creencia de poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular».