La Fiscalía del Supremo depende de Suiza para impulsar el caso contra Juan Carlos I
Nacionalistas y soberanistas presionan para que el Congreso de los Diputados investigue al ex jefe del Estado
El rey Felipe VI recibe ayer en audiencia a una representación de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable. JOSÉ JIMÉNEZ
El futuro de la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el rey emérito depende en gran medida de la colaboración que presten las autoridades suizas. Una cooperación judicial que siempre ha resultado complicada dadas las reservas de su sistema bancario y el tradicional celo con el que trabajan sus funcionarios cuando reciben comisiones rogatorias de otros países. Ya sucedió en 2010, con el cabecilla confeso Fransciso Correa, o en 2013 con la pieza separada referida a la fortuna oculta por Luis Bárcenas, extesorero del PP. Pero finalmente, tras un prolijo cruce de información durante meses, la justicia del país alpino acabó colaborando y ayudó a destapar uno de los mayores escándalos políticos de la última década. El paso de los años ha favorecido la cooperación judicial gracias a la normativa internacional contra el blanqueo y a que la UE, en octubre pasado, sacó a Suiza de la lista de paraisos fiscal a cambio de mayor transparencia y colaboración judicial.
En el caso del rey emérito, el gran incoveniente que tiene a partir de ahora el fiscal instructor del Supremo, Juan Ignacio Campos, es el tiempo. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el acusador dispone de seis meses prorrogables por el mismo tiempo, es decir, un año como máximo, para llevar a puerto las diligencias por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal. Una vez transcurrido ese margen (podría hacerlo antes) deberá tomar la decisión de presentar una querella contra el investigado ante la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal o decretar el archivo (motivado) de las diligencias abiertas. Precisamente, el tiempo fue la razón del movimiento que ha tenido que hacer la Fiscalía Anticorrupción para que las pesquisas no fueran archivadas.
El fiscal Luis Pastor consumió los 12 meses que le permite la ley en las diligencias abiertas por las presuntas comisiones pagadas (unos 80 millones de euros) en el megacontrado del AVE saudí, adjudicado en 2011 a un consorcio español por valor de 6.700 millones. Pastor recabó múltiple información y se reunió en Londres con Corinna Larsen, ámiga íntima del rey emérito y cuya conversación grabada con el comisario preso José Manuel Villarejo dio origen a esta investigación. Pero el verdadero empujón a sus pesquisas vino de Suiza. En verano 2018, el fiscal de Ginebra Yves Bertossa dirigió el registro del despacho del abogado Arturo Fasana y del gestor finaciero Dante Canonica. Los dos hombres que supuestamente controlaban las cuentas de don Juan Carlos en Ginebra. La aparición de indicios delictivos en movimientos de capitales no justificados fueron detalladas por el diario helvético ‘The Telegraphe’. Se acreditó la existencia de la fundación panameña Lucum y la cuenta abierta a nombre del monarca en el banco suizo Mirabaud, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I. A esa cuenta llegó en agosto de 2008 88 millones de euros de una donación de la Casa Real saudí. En junio de 2012, todo el dinero fue transferido a otra cuenta de Corinna en un banco suizo en Bahamas. Un «regalo», según sus abogados.
En la información de Suiza está la clave de la investigación: si, tal y como cree Anticorrupción, hubo blanqueo después de que dejara de ser inviolable tras su abdicación en junio de 2014.
La decisión de la Fiscalía del Supremo de investigar a Juan Carlos de Borbón ha dado nuevos argumentos a los nacionalistas e independentistas para reclamar de nuevo en el Congreso que se indague sobre sus actividades financieras. Esquerra, PNV, EH Bildu, la CUP e integrantes del Grupo Plural registrarán mañana una nueva petición, la tercera en esta legislatura, para crear una comisión parlamentaria sobre el emérito.