La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios delictivos en el gasto de Podemos
Considera que existen «irregularidades» en un contrato por 363.000 euros a una consultora y remite los hechos a la Justicia
Pablo Iglesias en una comparecencia en una de las comisiones del Congreso de los Diputados antes de las vacaciones. DAVID FERNÁNDEZ
Un contrato de Unidas Podemos con la consultora Neurona Comunidad -filial de una empresa mexicana del mismo nombre- para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, por importe de 363.000 euros, pudo ser simulado y justificado dentro de la partida de gastos electorales del partido. Es lo que entiende la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en un informe del pasado 27 de julio en el que aprecia la posible existencia de indicios delictivos en los servicios facturados a esta empresa.
Las pesquisas se enmarcan en el procedimiento de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos durante las pasadas elecciones generales. El departamento público ha apreciado «irregularidades» que serán remitidas ahora al órgano competente: la Fiscalía Provincial de Madrid. Este ministerio tendrá que determinar si los hechos tienen relevancia penal, en este caso delito electoral y/o falsedad documental, y su posterior judicialización o el archivo de las diligencias.
Según avanzó ayer la Cadena Ser y confirmó de forma posterior la Fiscalía General del Estado, el informe del fiscal Miguel Angel Torres llama a atención que Neurona Comunidad SL -filial de Neurona Consulting, administrada por el periodista César Hernández y con una dilatada experiencia en campañas electorales en América- se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, unos 15 días antes de facturar a Unidas Podemos, o el hecho de que no coincida su objeto social con las prestaciones contratadas por la formación. Por este motivo, sospecha que el contrato pudo ser simulado y enmascarado en el capítulo de gastos electorales.
Lo más probable es que este informe, de confirmarse los indicios delictivos, se incluya en la documentación de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid tras la denuncia del abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos el año pasado tras ser acusado por una compañera por acoso sexual (una causa que fue archivada por un juzgado).
El juez Juan José Escalonilla investiga a varios cargos de Podemos, entre ellos al gerente, al tesorero y al responsable de Comunicación, y al partido como persona jurídica, por delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal y administración desleal. Calvente puso la denuncia en Barcelona. El Juzgado de Instrucción número dos de Martorell recibió el atestado de la Guardia Civil y se inhibió en favor de los juzgados ordinarios de Madrid, ya que los hechos denunciados, de haberse producido, habrían sido en esta ciudad, donde Podemos tiene su sede central.
MONTERO INVITA A INVESTIGAR
Las primeras reacciones a la información del Tribunal de Cuentas no tardaron en llegar. Irene Montero, ministra de Igualdad y número dos de Unidas Podemos, instó a que la Justicia «investigue todo lo que tenga que investigar». «Que hagan su trabajo con todo su rigor, que investigue todo lo que tenga que investigar, como ya ha pasado en decenas de ocasiones» con Unidas Podemos.
Montero, en RNE, señaló que en su partido tienen «memoria» y que se les ha «montado escándalo» y montajes judiciales y se han fabricado pruebas falsas contra ellos en decenas de ocasiones: «Todo ha terminado siempre archivado, sin embargo, el daño de horas y horas de tertulias, de conversaciones en los medios de comunicación sobre ello, no ha sido reparado», dijo.
La ministra aseguró que Unidas Podemos dará todas las explicaciones porque «cree en la transparencia», pero negó que sus dirigentes vayan a estar todo el tiempo hablando de sí mismos porque no se van a distraer de su tarea de gobierno. Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, reclamó este viernes a Pablo Iglesias que cumpla su palabra, dé explicaciones y deje la vicepresidencia.