La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey Juan Carlos por delitos de corrupción
Anticorrupción eleva un escrito acusatorio por las comisiones del AVE saudí después de que dejara de ser inviolable
El rey emérito Juan Carlos recibe ayuda para bajar del avión en un viaje que hizo a La Habana en 2016. ROLANDO PUJOL
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey emérito por delitos de corrupción. El Ministerio Público indaga la responsabilidad penal de don Juan Carlos en las presuntas comisiones pagadas por la adjudicación del AVE saudí a un consorcio de empresas españolas. Un megacontrato de más de 6.700 millones de euros que empezó a ejecutarse en 2011 y por el que se pudieron abonar ‘mordidas’ por valor de unos 80 millones.
Las pesquisas que dirige el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos se han abierto después de que la Fiscalía Anticorrupción apreciara indicios delictivos contra el exjefe del Estado en las diligencias secretas que tenía en marcha desde finales de 2018.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, trasladó hace dos semanas un decreto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el que comunicaba el hallazgo de elementos indiciarios de blanqueo de capitales y delitos fiscales, según señalan fuentes jurídicas. Luzón solicitaba la necesidad de paralizar su investigación y remitir las pesquisas a sus colegas del Supremo dada la condición de aforado del rey emérito. Se trata del órgano competente para investigarlo por la vía penal tras su abdicación en junio de 2014 y, por lo tanto, dejar de estar protegido por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución.
Por lo tanto, las pesquisas que verá ahora la Fiscalía del Supremo se centran en «delimitar o descartar la relevancia penal» de los hechos acaecidos después de esa fecha. Y que están agrupados en la llamada ‘Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad’, el llamado «AVE del desierto», que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca.
CIEN MILLONES DE DÓLARES
Esto supone que no se va a poder indagar la presunta comisión de 100 millones de dólares que recibió don Juan Carlos en 2008 del rey saudí Abdulá. Este depósito se transfirió a nombre de la sociedad panameña Fundación Lucum. En concreto, a una cuenta en un banco suizo radicado en Bahamas. De ahí salieron los 65 millones de euros que en abril de 2012 llegaron a otra cuenta en Suiza a nombre de Corinna Larsen, la amiga íntima de don Juan Carlos. Ésta lo justificó como una «donación» y en ningún caso como parte de esas comisiones. En suma, estos hechos están protegidos por la inviolabilidad del antiguo jefe del Estado (1975-2014), pero no los movimientos que hizo de ese capital tras su abdicación, que es lo que ahora se investiga en el Supremo.
El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha sido quien ha llevado las pesquisas hasta la fecha y estaba a la espera se recibir un informe clave de sus colegas suizos sobre una investigación abierta allí en 2018 a los presuntos testaferros de don Juan Carlos: el abogado Dante Canónica y el gestor Arturo Fasana (su nombre también apareció en el caso de corrupción del PP). Además, en octubre de 2019 el fiscal suizo Yves Bertossa se comprometió a enviar la documentación que afectaba al rey emérito y un mes antes el propio Pastor se desplazó a Londres para entrevistarse con Corinna.
Las grabaciones de Villarejo
En todo caso, el asunto que ha acabado por salpicar a don Juan Carlos se remonta a julio de 2018, cuando se difundieron una serie de audios grabados por el comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, en una conversación con el empresario Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, y la propia Corinna en Londres. Ella afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de aquella adjudicación y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartir el ‘pastel’.
La revelación motivó la apertura de una pieza separada de investigación en el caso Villarejo, que instruye la Audiencia Nacional, aunque en septiembre de 2018 se archivaron las actuaciones respecto de don Juan Carlos porque, por un lado, las afirmaciones sobre él se consideraban «extremadamente débiles» y, por otro, en aquella época aún reinaba y, por tanto, era inviolable.
No obstante, el juez intructor Manuel García Castellón dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaba tanto el contrato como las personas, los importes y las posibles mordidas en una información que se complementaba con «otros documentos hallados» durante la instrucción.
El Ministerio Público abrió diligencias secretas de investigación a finales de 2018 por delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. En el consorcio hispano-saudí Al Shoula Group participaron las públicas Adif, Renfe e Ineco (dependientes del Ministerio de Fomento) y las privadas Indra, OHL, Consultrans, Copasa, Imathia, Cobra, Dimetronic, Inabensa y Talgo, así como las saudíes Al Shoula y Al Rosan. Las empresas españolas controlaban el 88% de la UTE.
En resumen, lo que hace casi dos años eran indicios «extremadamente débiles» contra don Juan Carlos, visto por el juez y la propia Anticorrupción, ayer han acabado en la Fiscalía del Supremo con visos de prosperar. Para ello habrá que determinar si estas diligencias acaban convertidas en una querella contra el rey emérito ante la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal, presidida por el juez Manuel Marchena.