La forense examina si el cáncer de Griñán puede ser tratado en prisión
El expresidente acudió a la inspección médica ayer martes en los juzgados de Sevilla
El expresidente del PSOE y de la Junta, José Antonio Griñán. JOSÉ MANUEL VIDAL
Penúltimo trámite antes de decidir si José Antonio Griñán ingresa ya en prisión. El expresidente de la Junta de Andalucía acudió la mañana de este martes a los juzgados de Sevilla para ser examinado allí por la forense. Esta especialista del Instituto de Medicina Legal, según acordó el pasado 23 de diciembre la Audiencia Provincial de Sevilla, debe ahora, tras el examen, redactar un informe para ese tribunal en el que determine si el cáncer de próstata que sufre el exmandatario andaluz puede o no ser tratado en prisión.
Fuentes del caso explicaron que la forense ya tiene en su poder toda la documentación médica que la defensa de Griñán aportó ese mismo 23 de diciembre para reclamar a la Audiencia Provincial que suspendiera la orden de ingreso en prisión que este mismo tribunal había dictado 24 horas antes, dando a Griñán y a seis exaltos cargos del Gobierno autonómico un plazo de diez de días para entrar en la cárcel, que expiró el pasado lunes.
El expresidente andaluz, que no tiene metástasis, supo del diagnóstico a mediados de diciembre, según la documentación presentada. El letrado de Griñán, José María Calero, defendió en su escrito que su cliente, condenado a seis años de cárcel por malversación en el ‘caso de los ERE’, no puede ser tratado adecuadamente de su dolencia en prisión, ya que es cáncer de próstata de «alto riesgo» que necesita de «tratamiento combinado y urgente».
Los otros seis exaltos cargos que habían sido requeridos para entrar en prisión lo han hecho en los últimos días. Se trata del exconsejero de Empleo y Desarrollo José Antonio Viera; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el director general de la empresa que concedía el dinero público Miguel Ángel Serrano; el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández; y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo.
Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, el octavo de los condenados que debía entrar en prisión, como en el caso de Griñán tampoco ha ingresado en ningún centro penitenciario a la espera de que el tribunal decida si tramita la suspensión de la ejecución de pena que solicitó su defensa por «enfermedad muy grave con padecimientos incurables».
La forense que este martes examinó a Griñán no tiene plazo para elaborar el informe que le pidió la Audiencia Provincial de Sevilla, que tampoco tiene fecha límite para decidir sobre la petición del exjefe del ejecutivo autonómico de no entrar en prisión.
Según fuentes judiciales, la Audiencia Provincial tendría varias fórmulas, si así lo considerara conveniente a la vista del informe forense, de evitar que Griñán entrara en prisión por motivos de salud. La primera sería la aplicación del artículo 80.4 del Código Penal que faculta a los «jueces y tribunales» a «otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno si el penado esté aquejado de una enfermedad.