Los frentes judiciales ponen en el punto de mira de la oposición a Marlaska
Vox se querella contra el ministro y la cúpula de Interior por represalias y prevaricación
Marlaska saluda ayer a Juan José Matarí, presidente de la Comisión de Seguridad Vial. JUAN CARLOS HIDALGO
El revés judicial por la destitución «ilegal» de Diego Pérez de los Cobos ha puesto en el disparadero a Fernando Grande-Marlaska, muy cuestionado fuera y dentro del Gobierno. La oposición reclama su salida inmediata del Ejecutivo tras la dura sentencia de la Audiencia Nacional que tira por tierra el argumento con el que el ministro del Interior ha tratado de justificar la decisión de cesar al coronel de la Guardia Civil e, incluso, hay quien está dispuesto a llevarlo ante los tribunales.
Es el caso de Vox, que ayer presentó ante el Tribunal Supremo una querella contra Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, al entender que hubo obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación en el caso de Pérez de los Cobos.
La formación de Santiago Abascal recuerda que hace un año ya presentó una querella por estos mismos hechos y fue archivada por no constituir delito ni aportar prueba suficiente. Ahora, Vox cree que el fallo de la Audiencia prueba que la destitución del coronel fue «inmotivado, arbitrario» y, además, tuvo relación directa con «la petición de realización de una actividad abiertamente ilegal».
En la Moncloa recuerdan que se trata de una resolución que no es firme y que ha sido recurrida ya por la Abogacía del Estado. Pedro Sánchez, que por el momento respalda a su ministro, vinculó en junio el cese de Pérez de los Cobos con la intención de Marlaska de desmantelar la llamada ‘policía patriótica’.
«De hoy no debe pasar que el ministro del Interior abandone el Gobierno», reclamó la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.
Desde Ciudadanos, Edmundo Bal volvió a reclamar la dimisión del titular de Interior por «cesar arbitrariamente a un servidor público que eligió cumplir la ley en vez de plegarse al poder político».
Los liberales del partidos de Inés Arrimadashan colocado además al magistrado en su punta de mira por su posición respecto a las entradas en pisos sin orden judicial para perseguir fiestas ilegales. Su eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha pedido a la Comisión Europea que pida explicaciones al Gobierno español por la controvertida ‘patada en la puerta’, que tampoco convence al ala morada del Ejecutivo al considerar que contraviene «el derecho a la intimidad».
La gestión de Marlaska respecto a la crisis migratoria en Canarias, que está siendo investigada por un juzgado, fue también muy cuestionada por el partido de Pablo Iglesias y por el resto de la oposición. Al igual que la política penitenciaria de Interior y el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, que se ha convertido en campo de batalla del Partidos Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez.