Diario de León

Gali se niega a aclarar su entrada en España por la que está imputada la exministra Laya

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El presidente de la autoproclamada República Arabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, rechazó ayer aclarar las circunstancias concretas de su entrada en España para recibir atención sanitaria y se remitió a las explicaciones que ha dado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Es un falso debate. Respeto lo que el Gobierno español ha respondido en los diferentes medios acerca de las condiciones en las que entré. No voy a ir más allá», aseguró desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia.

Para el líder del Frente Polisario, «lo fundamental es que he estado en una situación crítica, he ingresado en un hospital, me curé y estoy hablando, aquí vivo».

Gali llegó el 18 de abril a la Base Aérea de Zaragoza en un avión argelino sin pasar controles de fronteras ni documentación, desde donde partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño donde fue ingresado bajo otro nombre para ser tratado de coronavirus. Su presencia , a espaldas de Marruecos, desató una de las mayores crisis diplomáticas entre Madrid y Rabat de los últimos años.

EN LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS

El 2 de junio el dirigente saharaui abandonó el país desde Pamplona tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados.

«Se trataba de una querella presentada por ciertas asociaciones promarroquíes con acusaciones falsas que no se basan sobre ninguna realidad y creo que el juzgado dio su punto de vista y tomó su decisión», se defendió Gali.

A principios de octubre la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró en calidad de investigada que el líder del Frente Polisario entró en España «de acuerdo con la ley». El instructor, que ha rechazado archivar la causa como pedía la Abogacía del Estado, ve indicios de delito en la entrada de Gali y da por hecho que se incumplió el código europeo de fronteras para su acogida.

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