Garzón no citará a Otegi por lo que dijo tras el atentado de Barajas Lo que es legal y lo que no lo es El PP pide a López Aguilar que dimita

El juez Baltasar Garzón dibujó ayer el marco legal en el que la izquierda aberzale y los ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna pueden hacer política sin limitaciones. Lo hizo en una resolución en la que rechaza interrogar a Arnaldo Otegi por la rueda de prensa que dio tras el atentado de Barajas y en la que señala que el movimiento indepen-dentista vasco tiene «todo el derecho (constitucional)» a operar en política con libertad y a organizar los actos que considere oportuno. Tiene como único límite no actuar a través de Batasuna, partido ilegalizado por formar parte de ETA, y de organizaciones suspendidas como EKIN, Gesoras, Askatasuna o Segi. Idéntico argumento aplica a los ex dirigentes de Batasuna, unos cincuenta que están procesados por el juez en el sumario que instruye contra las direcciones históricas del partido ilegalizado por pertenencia a ETA. El magistrado señala que, pese a su procesamiento por estos hechos, «sus derechos políticos y civiles no están limitados». Considera que la izquier-da aberzale es mucho más que Batasuna y que es gratuito afirmar que está controlada por ETA. Con este argumentario, Garzón rechaza que al menos doce ex dirigentes de Batasuna comparezcan en la Audiencia Nacional para responder por presuntos delitos de desobe-diencia o quebramiento de medidas cautelares, tal como le reclama Dignidad y Justicia y Víctimas del Terrorismo, por participar en ruedas de prensa, manifestaciones o reuniones registradas desde septiembre pasado. Miedo y cobardía El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, defendió su política antiterrorista y arremetió contra la del Ejecutivo actual, al que llegó a tildar de cobarde, en el acto celebrado en San Sebastián con motivo de la entrega del premio de la Fundación Gregorio Ordóñez, que concedió este galardón al presidente de la Faes «por su ejemplar firmeza y compromiso en la lucha contra el terrorismo». «Creo que un Gobierno puede y debe explicar sus actos, pero no reivindicar sus errores como un derecho». El auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón se asemeja a un manual para que los miembros de la izquierda aberzale sepan, a partir de ahora, qué actos podrán realizar sin molestia alguna de la policía y cuáles serán prohibidos por la Audiencia Nacional. El magistrado deja claro a las acusaciones ejercidas por Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), eternizarían el curso de la causa. Será legal -Cualquier acto convocado por personas u organizaciones de la izquierda nacionalista, siempre que no esté promovido por una organizaciónn ilegal. -Que los ex dirigentes de Batasuna o de otras asociaciones ilícitas participen de forma activa en cualquier acto, rueda de prensa o movilización siempre que no esté convocada por las organizaciones proscritas . -Que los ex dirigentes de grupos proscritos ejerzan cualquier actividad política dentro del marco de la izquierda aberzale. -Para determinar si Batasuna u otra organización ilícita está detrás de un acto se investigará al convocante, los carteles o mensajes anunciadores. -La decisión judicial estará siempre basada en informes policiales y no se tendrá en cuenta que los medios de comunicación atribuyan el acto a un grupo prohibido. -La coincidencia de eslóganes o la defensa de postulados ideológicos similares a los de las organizaciones proscritas no será indicio de connivencia. No será legal: -Cualquier acto convocado, de forma directa o indirecta por Batasuna, EKIN, Gestoras Pro-amnistía, Askatasuna o Segi, por ser asociaciones ilícitas. -Garzón considera que todos los ex dirigentes de Batasuna imputados en la causa ya están advertidos de forma oficial de que si actúan o hablan en nombre del partido ilegal serán acusados de desobediencia grave. -El juez también avisa a todos los procesados de que si actúan de la manera descrita en el párrafo anterior pueden incurrir en reiteración delictiva y, por lo tanto, serámn citados en la Audiencia Nacional. PP cree que las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre la resolución de la Audiencia Nacional en el caso del etarra Ignacio de Juana Chaos son un motivo más para que deje el cargo de forma inmediata. El secretario de Comunicación del partido opositor, Gabriel Elorriaga, dijo que resulta «excesivo» que López Aguilar mantenga su actividad como máximo responsable de la Justicia en el Gobierno y «confunda los planos» en su doble condición de ministro y candidato del PSOE a presidir la comunidad autónoma de Canarias. «La decisión de la Audiencia está fundada en Derecho, aunque había otras soluciones y todas tienen fundamento en Derecho». Estas son las declaraciones de la polémica que realizó ayer el ministro de Justicia.Elorriaga señaló en rueda de prensa que se trata de «una de tantas declaraciones imprudentes de quien no debería estar ya en el cargo que ocupa» y añadió que este comentario se suma a otras razones que aconsejan «su inmediato relevo»,