La Generalitat concede el régimen de semilibertad a los presos del ‘procés’
Nueve meses después de ser condenados a penas de nueve a trece años de prisión, los presos del ‘procés’ podrán salir en breve en régimen de semilibertad. Podrán salir de lunes a viernes del penal durante el día y regresar para dormir, y los fines de semana los podrán pasar en casa o donde quieran.
El Departamento de Justicia de la Generalitat anunció ayer que ha concedido el tercer grado penitenciario a los nueve dirigentes secesionistas encarcelados por un delito de sedición y también de malversación en algunos casos. No todos han cumplido más de una cuarta parte de sus penas, como establece la ley como norma general. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son quienes más tiempo llevan entre rejas, y el fin de semana pasado cumplieron sus primeros mil días.
Servicios Penitenciarios del Govern catalán, que tiene las competencias transferidas en materia de prisiones, ratificó la propuesta formulada el pasado 2 de julio por las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de mujeres de Barcelona, Puig de les Basses y Lledoners. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Cuixart, Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn fueron condenados por el Supremo el 14 de octubre de 2019. A los seis meses de la condena, las prisiones y más tarde la Consejería de Justicia les clasificaron en segundo grado. En la primera revisión (cada seis meses), han progresado hasta el tercer grado, lo que les permitirá además tener 48 días de permisos anuales. En estos momentos, los dirigentes independentistas ya pueden abandonar la cárcel, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permite salir de lunes a viernes a trabajar y hacer labores de voluntariado durante el día. La Fiscalía se ha opuesto en todos los casos, pero los jueces de vigilancia penitenciaria han avalado estas medidas.
El papel de la Fiscalía se antoja clave en el devenir de los presos en los próximos tiempos. Hasta la fecha, el Ministerio Público se ha mostrado inflexible en contra de los beneficios penitenciarios de los secesionistas. Si mantiene el mismo criterio que con el 100.2, la Fiscalía impugnará el tercer grado.