El Gobierno accede a un impuesto mínimo de sociedades en el 15% para cerrar las cuentas
El Ejecutivo lima las diferencias fiscales como exigía Podemos pero aún les separa la regulación de los alquileres
Salvada la conmoción que provocó el jueves la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña —cuya extradición, aún pendiente de resolución, podría haber dinamitado el tablero político nacional—, PSOE y Unidas Podemos encaran la semana clave para la negociación de las cuentas públicas con posturas más cercanas. Los socialistas están convencidos de que las cuentas estarán «en tiempo forma», como defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esperan llevar el borrador al Consejo de Ministros del 5 de octubre, a más tardar. Para cerrar el apoyo de Unidas Podemos, se abren ahora a fijar un impuesto de sociedades mínimo del 15%, una de las principales divergencias que bloqueaba el acuerdo.
La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha pasado de ver «lejos» el fin de las negociaciones a celebrar, ayer en un tuit, que la vicepresidenta Nadia Calviño, que hasta ahora se había mostrado cautelosa con cualquier reforma fiscal que pudiera frenar la recuperación económica, reconociera que el Ejecutivo espera fijar este impuesto «que no supone un cambio significativo del sistema fiscal».
Calviño confiaba en emprender esta medida en 2023, una vez que España superara la crisis de la pandemia y los fondos europeos comenzaran a hacer efecto. También estaba a la espera del dictamen del grupo de expertos sobre fiscalidad encargado por el propio Gobierno. Sin embargo, ahora enmarca este cambio de doctrina en un «debate global» que se dilucirá en la próxima cumbre del G20 en Roma (30 y 31 de octubre), con la administración estadounidense de Joe Biden remando en el mismo sentido al otro lado del Atlántico.
«Es la mejor noticia», respondió Belarra a la vicepresidenta Aún queda, en todo caso, la incógnita de si los morados se conformarán con esta promesa a medio plazo o exigirán que quede recogida en un documento, como ocurrió al filo del acuerdo para los Presupuestos de 2021 en el caso de la Ley de Vivienda.
PSOE y Unidas Podemos se comprometieron entonces a llevar el proyecto al Congreso antes de marzo, pero seis meses después aún no han cerrado las discrepancias que les dividen en torno a la limitación del precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Ni siquiera a partir de julio, con el cambio de Raquel Sánchez por José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana, del que depende la cuestión. Mientras los primeros prefieren que se incluyan beneficios fiscales para los arrendatarios afectados por la medida, los segundos no quieren ni oír hablar de eso.
Presión del bloque
Precisamente, el jueves Podemos se reunió con asociaciones de inquilinos y representantes de los partidos del llamado bloque de investidura (ERC, EH Bildu, Junts, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias y la CUP). Todas estas fuerzas se comprometieron a llevar al Congreso esta semana una ley alternativa de garantía del derecho a la vivienda como medida de presión que también está vinculada a la negociación de las cuentas.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, avisó al día siguiente de que los suyos no iban a renunciar a «convencer al PSOE» a limitar sin condiciones el precio de los alquileres y añadió que «lo firmado hay que cumplirlo». Calviño, por su parte, pide a sus socios que no vinculen la cuestión a las negociaciones presupuestarias y reconoce que el objetivo del Gobierno es tener la ley lista «antes de final de año».
Pese a las maniobras, a las que en Ferraz restan importancia, los dos socios son conscientes de que sacar adelante el borrador es vital.
Esto permitiría a la coalición contar con un balón de oxígeno para abordar la segunda mitad de la legislatura y agotar el mandato en 2023 (siempre que no decidan adelantar las generales), algo que ningún otro Gobierno ha logrado hacer desde que lo hiciera el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy.