El Gobierno afronta sin golpes de efecto el nuevo ciclo electoral
La coalición encara los dos últimos años de la legislatura sin medidas sociales en la recámara
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra Yolanda Díaz. MARISCAL
El Gobierno de coalición, que el viernes cumplió sus dos primeros años de andadura, encara la segunda mitad de la legislatura con la vista puesta en el nuevo ciclo electoral, que el próximo 13 de febrero se abre con las autonómicas de Castilla y León. Una larga campaña electoral de 31 meses que tendrá su cenit con las generales de 2023, siempre que Pedro Sánchez no decida adelantarlas. Esta travesía ha estado marcada fundamentalmente por la pandemia pero, pese a ello, el Ejecutivo ha logrado desplegar sus principales medidas sociales —un 42,7% de los 1.481 compromisos adquiridos en la investidura, según el presidente—. Una cifra que también anuncia que la pólvora comienza a escasear en Moncloa.
PSOE y Unidas Podemos han logrado sacar adelante 47 leyes y dos Presupuestos Generales del Estado pese al delicado equilibrio con el que el Congreso les otorgó la investidura: 167 síes contra 165 noes. Entre ellas, medidas estrella como el ingreso mínimo vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la regulación de la eutanasia, las normas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género o la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Mientras en el Gobierno rechazan la imagen de extrema fragilidad y de estar siempre en el alambre que dibujan tanto la oposición como sus propios socios, la coalición empieza a quedarse sin golpes de efecto para ofrecer a su electorado en las próximas citas con las urnas.
Por otra parte, la subida del IPC acumulado hasta el 6,7% ha empeorado todos los escenarios y dejado obsoletas varias de las medidas sociales del Gobierno, como por ejemplo la subida del SMI. La voluntad del Gobierno es elevarlo hasta los 1.000 euros en 2022 —35 euros más que ahora— y subirlo hasta 1.045 euros en 2023, el año de las generales.
Entre las asignaturas pendientes, la coalición debe encarar la convalidación del decreto ley de la reforma laboral antes del 7 de febrero. Un trámite que podría convertirse en un varapalo a pocos días de la cita electoral en Castilla y León si los socios del Gobierno como EH Bildu o ERC, cuyos diputados son vitales para la convalidación de la norma, materializan su amenaza de no apoyarla al considerar el texto «insuficiente».