El Gobierno amaga con ir al choque con el TC para forzar su renovación
El Gobierno se resiste a permanecer de brazos cruzados ante la posibilidad de que la falta de acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de tres años y medio con el mandato caducado, le obligue a seguir lidiando con un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora por más tiempo.
El mandato del presidente del órgano garante del cumplimiento de la Carta Magna, Pedro González-Trevijano, de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares y del vicepresidente Juan Antonio Xiol (el único progresista de los cuatro) acaba, sobre el papel, este mismo domingo y son el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces quienes deben nombrar a sus sustitutos, dos cada uno. El CGPJ, sin embargo, no puede realizar sus nombramientos mientras esté en funciones como consecuencia de una reforma impulsada en 2021 por el PSOE para forzar al PP a mover ficha.
UN BOOMERANG
La norma, recurrida en el Constitucional por los populares y por Vox, se le ha vuelto ahora en contra a Pedro Sánchez porque algunos expertos entienden que, dado que es la propia Constitución la que explicita que los doce miembros del tribunal han de renovarse por tercios, los nombramientos que corresponden al Gobierno y el Poder Judicial deben llevarse al pleno del órgano que salvaguarda los derechos y libertades de los españoles al mismo tiempo para su ratificación.
El PP, que a diferencia de lo que ocurría en la época de Pablo Casado, no exige ya un cambio en el sistema de designación para renovar el CGPJ, ha dejado claro, sin embargo, que no abrirá negociaciones con el PSOE hasta después de las elecciones andaluzas del próximo domingo.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya avisó hace días que, ante esta situación, el Ejecutivo podría proceder a designar a sus dos magistrados en el Consejo de Ministros el martes sin esperar a los populares. Hacerlo puede derivar, no obstante, en un nuevo choque institucional, porque desde el TC ya se ha hecho llegar las reticencias de algunos miembros conservadores a su validación. En Moncloa cuestionan que ese veto sea legal.