El Gobierno aplaza meses la resolución de los indultos de los políticos del ‘procés’
La resolución de los indultos a los presos del ‘procés’ aún tardará unos meses en conocerse. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, salió este jueves al paso contra las voces que acusan al Gobierno de estar jugando con la decisión por motivos electorales, primero por los comicios de Cataluña y ahora y por los de Madrid, y negó que la tramitación vaya con retraso, como han apuntado recientemente tanto el PP como Junts per Catalunya. Y también Esquerra, «harta» de que el Ejecutivo no mueva ficha con la situación de los presos, hasta ha amenazado con retirarle el apoyo en el Congreso. «Los tiempos son difíciles de calcular, 10 ó 14 meses es un periodo normal. No vamos con retraso, se calcularán muchas cosas. También podría ser que unos indultos lleguen antes que otros», expresó Campo en Catalunya Ràdio. Los indultos empezaron a tramitarse por parte del Ministerio de Justicia en el mes de septiembre de 2020. De tal manera que con los plazos que ayer dio el titular del Justicia, aún quedan unos meses hasta la resolución definitiva, que se situaría de acuerdo a sus cálculos entre el verano y el otoño de este año. No obstante, el propio ministro, en otra ocasión, dijo que el tiempo medio estipulado para la tramitación de un indulto se sitúa entre seis u ocho meses.
El subsecretario de Justicia compareció el martes pasado en la comisión de justicia del Congreso. Tanto el PP como Junts reprocharon al Gobierno central que esté «contemporizando» los expedientes a la espera de encontrar el momento para tomar una decisión. Como mínimo, deben pasar las elecciones de Madrid y Cataluña tiene que haber sido capaz de formar un nuevo ejecutivo, cuyo plazo máximo es el 26 de mayo.
Campo no obstante, recordó que el Tribunal Supremo aún no ha no ha emitido su informe no vinculante al respecto. Sí lo ha hecho la Abogacía del Estado, que no se posicionó ni a favor ni en contra pues a su juicio se estaría anticipando a una decisión que «sólo compete al Gobierno», pero sí destacó que se ha reparado el daño económico ligado al delito de malversación por el que fueron condenados algunos de los dirigentes.