jueves. 30.06.2022

El Gobierno salió hoy en defensa de la Abogacía del Estado en su polémica con el Tribunal Supremo a propósito de la paralización de las euroórdenes de busca y captura de Carles Puigdemont. El Ministerio de Justicia avaló la posición de los servicios jurídicos de que las reclamaciones dictadas por el magistrado Pablo Llarena están congeladas porque esa es «la doctrina» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando está sobre la mesa una cuestión prejudicial, que es lo que ocurre en este caso.

La ministra Pilar Llop considera que la Abogacía del Estado ha actuado con «pulcritud y respeto» hacia la justicia comunitaria, que ha establecido que mientras exista una consulta al tribunal con sede en Luxemburgo «se debe paralizar el procedimiento». Llarena se dirigió al tribunal europeo al entender que Bélgica hace una interpretación incorrecta de la directiva que regula las euroórdenes al negar la extradición a España del expresidente de la Generalitat. El magistrado del Supremo acepta ese principio pero limitado al ámbito belga. La Abogacía entiende que la paralización es aplicable a todo el territorio de la UE y así lo comunicó al tribunal.

El líder del PP se había mantenido al margen de la polémica, pero ayer, desde la convención nacional de su partido, entró en el debate, y lo hizo con una exigencia al presidente del Gobierno para que «haga todo lo posible para que la Justicia española sea respetada en Europa».

Pablo Casado reclamó a Pedro Sánchez que «haga todo lo posible para traer de vuelta a Puigdemont (...) Tiene que volver y ser juzgado». Según el jefe de la oposición, «cuando un juez del Supremo está diciendo que prevalezca» su decisión «el Gobierno tiene que ir detrás» con independencia del criterio que adopte la Abogacía del Estado.

Carles Puigdemont pidió ayer de nuevo medidas cautelares al Tribunal de la Unión Europea para frenar el proceso de extradición abierto en Italia. El tribunal recibió ayer la petición por la que el ‘expresident’ pretende recuperar su inmunidad como eurodiputado.

El Gobierno choca con el PP y el TS por las euroórdenes contra Puigdemont