El Gobierno cierra la falsa agresión con más recursos para delitos de odio

Interior creará grupos específicos contra los delitos de odio dentro de las unidades de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y se desarrollarán herramientas para evaluar el riesgo de estas víctimas, como ya se hace en los casos de violencia de género.

Estos son los dos principales acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión de seguimiento del Plan de acción contra los delitos de odio, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y convocada de urgencia esta semana tras conocerse una denuncia de una agresión homófoba en Madrid que acabó siendo falsa.

En el encuentro, según informó el Ministerio del Interior, se analizaron los ejes del segundo plan de acción, que estará vigente entre 2022 y 2024 y que se centrará en la asistencia y el apoyo a la víctimas de los delitos e incidentes de odio, que han experimentado un crecimiento constante en torno al 9% anual desde 2014.

Entre otras medidas, se crearán grupos específicos dentro de la Comisaría General de Información y de las brigadas provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en unidades periféricas.

Se reforzarán también los mecanismos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales y se incidirá en la prevención del delito con herramientas de evaluación de riesgo, un procedimiento que ya se aplica en el sistema Viogén de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

Aumentarán los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018 y se mantendrán iniciativas ya incluidas en el primer plan, como la formación y sensibilización de los miembros de las fuerzas y cuerpo de seguridad.

Durante su intervención, el ministro Fernando Grande-Marlaska incidió en la importancia de la colaboración con organizaciones e instituciones y apuntó la necesidad de trabajar «específicamente» para atajar los delitos de odio motivados por antigitanismo, que sufrieron un incremento superior al 57% en 2020. En la reunión participaron mandos de Policía Nacional y Guardia Civil, del Ministerio de Igualdad, la Fiscalía, el Observatorio Español Contra el Racismo y la Xenofobia, la Federación Estatal de Municipios y Provincias y asociaciones representantes de distintos colectivos.

Tras el encuentro, la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, urgió a la tramitación del anteproyecto de ley trans y de derechos LGTBI impulsado por Igualdad, que debe aprobarse «de manera rápida», con el consenso de todos los ministerios y por unanimidad. Además, subrayó la importancia de que Interior e Igualdad trabajen «de la mano» para dar solución a los problemas de las personas LGTBI. «Las agresiones están siendo muy dolorosas y tenemos que poner solución a esta lacra de la forma más urgente posible», denunció. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, Uge Sangil, pidió un pacto de Estado contra los discursos de odio.