El Gobierno cierra por sorpresa el Valle de los Caídos para exhumar a Franco este mes
MATEO BALÍN | MADRID
Francisco Franco será exhumado antes del 25 de octubre del Valle de los Caídos y sus restos trasladados posteriormente al cementerio de Mingorrubio, ubicado en el distrito madrileño de El Pardo.
Lo previsible es que la operación se lleve a cabo entre el viernes 18 y el martes 22. De hecho, como muestra de que en esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores, el Gobierno podrá sacar adelante su medida, el complejo perteneciente a Patrimonio Nacional está cerrado al público por motivos de seguridad. La razón hay que encontrarla en que el Gobierno no quiere que en estos últimos días de Franco en el Valle de los Caídos se organicen homenajes espontáneos o concentraciones de sus seguidores.
Pese a no precisar la fecha, Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, sí adelantó que la familia del dictador será informada del día del traslado de los restos 48 horas antes, por si quiere acudir a la exhumación y a la reinhumación.
En la basílica, según ha trascendido, solo estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del reino, para levantar acta, así como el personal necesario para el traslado. Los medios de comunicación, avanzó Calvo, no tendrán acceso a la basílica.
El anuncio del Ejecutivo llegó tras el Consejo de Ministros de este viernes, el tercero en el que se ha abordado la exhumación de Franco desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio del año pasado. Entonces, el Gobierno anunció su intención de sacar al dictador del Valle de los Caídos a la mayor brevedad posible. Después, al encontrarse con los primeros escollos, se habló de antes de Navidad. Y, por último, en marzo pasado se fijó el 10 de junio como fecha definitiva de la exhumación.
OPOSICIÓN FRONTAL DE LA FAMILIA
Los socialistas, no obstante, se toparon todo este tiempo con la oposición frontal de la familia Franco, que ha pleiteado hasta el final para evitar la exhumación y, en caso de no poder evitarla, que los restos fueran inhumados de nuevo en la cripta de la familia en la Catedral de la Almudena.
Esta era una posibilidad que no se ha contemplado en ningún momento ante el temor de que la nueva tumba se convirtiese en un lugar de culto al fascismo en pleno centro de la capital.
El lugar elegido por el Gobierno ha sido finalmente una capilla de Mingorrubio donde yace la esposa del dictador, Carmen Polo, y que hay quien dice que era donde Franco quería ser enterrado tras su muerte, el 20 de noviembre de 1975.
La nueva, y se entiende que definitiva, decisión del Gobierno de acordar el traslado llega después de que el Tribunal Supremo solventara este jueves los últimos escollos para ejecutar la sentencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo levantó la medidas cautelares que pesaban desde junio sobre los tres recursos pendientes de resolver, una vez que los cinco magistrados del tribunal desestimaron por unanimidad el de la familia Franco.
PERMISO PARA ACCEDER A LA BASÍLICA
La Sala explicó que la sentencia «es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo, y por tanto acceder a la Basílica del Valle de los Caídos».
Los magistrados recordaron que «el artículo 118 de la Constitución obliga a todos los españoles a cumplir la sentencias firmes», en alusión a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a abrir la puerta de la basílica, que quedaba desautorizado por el Supremo.
Está por ver si ahora el monje benedictino sigue oponiendo resistencia, pese a que la Iglesia ya se ha mostrado partidaria de hacer que se cumpla la ley.
Las resoluciones del jueves afectaban a los recursos presentados por la Fundación Francisco Franco, la comunidad benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
Sobre otros de los escollos pendientes, el relativo al procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid, que tiene paralizada la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para actuar en el Valle, el Supremo también se manifestó este jueves.
Los magistrados fueron tajantes al asegurar que son el «único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución». Fue un mensaje implícito al juez José Yusty, quien todavía no ha archivado esta causa, aunque sus colegas del alto tribunal le recordaron que no tiene competencia para seguir con el caso.