martes. 04.10.2022

El Gobierno lleva meses preparándose para este momento. Pedro Sánchez siempre ha entendido que la gestión del escenario que pudiera abrirse en Cataluña una vez se conociera la decisión del Tribunal Supremo tendría un impacto directo sobre su mandato y ahora, en concreto, sobre una campaña electoral en la que aspira a mejorar los resultados del 28 de abril, pero que no marcha como había previsto. En su discurso no queda nada que recuerde a esa declaración de Pedralbes en la que hace menos de un año se comprometió con la Generalitat a abrir un «diálogo efectivo» para articular una respuesta política al «conflicto» sobre el futuro de la comunidad autónoma. Ha llovido mucho desde entonces y lo que propugna hoy el jefe del Ejecutivo en funciones es «firmeza y proporcionalidad».


En la Moncloa confían por el momento en que no vaya a ser necesario tomar ninguna medida excepcional para preservar el orden institucional o la seguridad de los catalanes.


En previsión de que los mejores vaticinios no se cumplan, en cualquier caso, el Gobierno ya ha previsto la aplicación de dos instrumentos a su alcance -la ley de seguridad nacional y el artículo 155 de la Constitución-, que modulará en función de las necesidades. Y sabe que podrá contar con el respaldo de, al menos, el PP y Ciudadanos para aplicarlas.

El Gobierno confía en no tener que recurrir al 155 o la Ley de Seguridad Nacional
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