El Gobierno da por bueno el aval del CGPJ a Delgado e intenta rebajar tensiones

El Gobierno se da por satisfecho con el informe, preceptivo pero no vinculante, emitido este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general. Pero, a diferencia de lo que venía siendo habitual, el órgano judicial evitó apoyar su «idoneidad» para el cargo y se limitó a constatar que cumple los «requisitos exigidos» para su desempeño. «Este es un nombramiento que implica a los tres poderes del Estado. Respetamos todas las deliberaciones -dijo la flamante ministra Portavoz, María Jesús Montero- que salen de ellas y en este caso es favorable a que se continúe el procedimiento de designación».

La también ministra de Hacienda, que se estrenó en sus nuevas atribuciones como sustituta de Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, evitó así la controversia e incluso aseguró que el Gobierno no tiene intención de contribuir ni con sus «expresiones» ni con sus «acciones» a «ningún intento de otras formaciones por embarrar la vida pública».

Lo cierto es que el mandato del Gobierno de coalición ya empezó esta semana con un choque con el Poder Judicial, cuya comisión permanente acordó por unanimidad reclamar públicamente al vicepresidente Pablo Iglesias «responsabilidad institucional», después de que este argumentara en una entrevista que la prueba de la «judicialización» del procés fue un error por el que «muchos tribunales europeos» han quitado la razón a los jueces españoles y eso ha supuesto una «humillación» para España.

En una decisión poco frecuente, pero que tiene como precedentes sendas llamadas de atención tanto al exministro de Justicia Rafael Catalá como al extitular de Interior Jorge Fernández Díaz, ambos del PP, el CGPJ emitió un comunicado en el que hacía un llamamiento a la «moderación, la prudencia y la mesura» para evitar «el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados.

A su vez, el Ejecutivo respondió el mismo miércoles con un breve comunicado. «Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos. En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el Gobierno y donde pedimos que también esté la oposición», manifestó. En estas palabras venía implícita la convicción del Ejecutivo de que, como ocurrió en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP pretende utilizar el Poder Judicial, en el que en estos momentos tiene mayoría, pero que está pendiente de renovación, como ariete contra las políticas gubernamentales.

Montero, sin embargo, no quiso hacer explícito ayer este temor y se cuidó de interpretar la actuación del Consejo presidido por Carlos Lesmes como la primera muestra que avalaría esa tesis. Sin embargo, sí insistió en el llamamiento a los populares para que no «bloqueen» el relevo que debe realizar el Parlamento.

La dirección del PP sostiene que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, después de que Sánchez se haya comprometido con los independentistas a «desjudicializar» el «conflicto político» catalán a cambio de su investidura demuestra que pretende poner la justicia al servicio de sus intereses políticos y justifican así su insistencia en que el acuerdo no será posible.