El Gobierno se da un mes de plazo para pactar con el PP la renovación del CGPJ

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial terminaron su mandato de cinco años el 4 de diciembre de 2018 y el Gobierno pretende cerrar un acuerdo para su renovación antes de que se cumplan el segundo aniversario. Y es optimista.

"Espero que en poco tiempo tengamos buenas noticias", dice el ministro de Justicia y negociador gubernamental con el PP, representado por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Las conversaciones se desarrollan con el esquema que tenían muy avanzado en verano, y que otorgaba a los vocales promovidos por el PSOE y sus aliados la mayoría en el órgano de gobierno de los jueces.

Juan Carlos Campo cree que el camino está "bastante allanado" a pesar del "ruido" existente en torno al Poder Judicial.

Un ruido motivado por la iniciativa gubernamental de alterar los respaldos parlamentarios para la elección de los vocales mediante una proposición de ley que rebajaría las mayorías de tres quintos a la absoluta en segunda votación.

Un cambio de las reglas del juego que el Gobierno justificó por el bloqueo del PP a la renovación después de haber tenido casi cerrado el pacto en dos ocasiones.

Pero a pesar de este enfrentamiento, cuya onda expansiva llegó a las instituciones europeas y desató un levantamiento de la mayoría de las asociaciones judiciales, Campo y Enrique López han seguido en contacto.

"El portavoz del PP y yo no hemos dejado de hablar, somos viejos amigos", explicó el ministro de Justicia la semana pasada en Onda Cero. López mantiene un cauto silencio a la espera de que el líder de su partido fije la posición definitiva en la reunión del comité ejecutivo del PP de mañana.

Los contactos existen, confirman desde ambas partes, que también ratifican que se trabaja a partir de un reparto equitativo de vocales propuestos por los socialistas y los populares con un presidente del Consejo y del Tribunal Supremo de extracción progresista.

El gobierno de los jueces, argumentan en el PSOE, tiene que reflejar la realidad política y legislativa salida de las urnas en las últimas elecciones y que cambió las mayorías.

En la Moncloa considera que Pablo Casado se enfrenta a su primera prueba para demostrar que el distanciamiento del PP de Vox es algo más que un discurso y que es un partido de Estado, como dijo el líder opositor hace diez días en el debate de la moción de censura de Santiago Abascal.

Los socialistas, aunque rechazan las condiciones impuestas por el PP para la renovación del Consejo, consideran que las han cumplido al dejar fuera de la negociación a Unidas Podemos y al congelar la tramitación en el Congreso de su proposición para el cambio de mayorías.

Pero los populares aprietan. Reclaman la retirada de la propuesta legislativa y que Pablo Iglesias no coloque vocales de su cuerda. Nada insuperable, dicen en el PSOE, que aspira a que la composición del Consejo sea de once vocales propuestos por Campo y nueve por el PP.

Los socialistas pretenden que dos magistrados o juristas de su cupo sean respaldados por Unidas Podemos y que un tercero cuente con el aval del PNV. Pero no es una postura cerrada y dependerá de la evolución de las conversaciones.