El Gobierno defiende su cohesión interna ante el horizonte judicial de Podemos

En plena crisis sanitaria, económica e institucional, el Gobierno de Pedro Sánchez suma un nuevo frente que vuelve a revolver las aguas de la coalición. La Justicia investiga a Unidas Podemos por presunta financiación irregular ante la posible existencia de una caja B de dinero oculto y sobresueldos. Esta imputación, que la formación morada denuncia como fruto de la mala fe del juez, se une a la investigación que sufre el propio Pablo Iglesias por el caso Dina. Ante este horizonte judicial, que ha servido de munición a la oposición para pedir el cese del vicepresidente segundo, el Ejecutivo defiende su fortaleza y cohesión interna. «Este es un Gobierno fuerte y cohesionado, que va a contar con muchos recursos europeos que habrá que gestionar», aseguró ayer la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

La situación requiere pies de plomo y en el Ejecutivo parecen predispuestos a ofrecer una imagen de unidad. Aunque, al menos de momento, Sánchez y sus ministros evitan pronunciarse y entrar a valorar la investigación judicial que pesa sobre sus socios. A su salida del encuentro que mantuvo ayer con el rey en el Palacio de Marivent, el presidente se ciñó al guión marcado por sus asesores y se limitó a expresar su «máximo respeto» a las actuaciones judiciales. Una afirmación que llegó a repetir en tres ocasiones con cierta incomodidad ante la insistencia de los periodistas.

El líder del PSOE se desvinculó de las sospechas que pesan sobre Iglesias porque «no es un tema político» y zanjó la cuestión asegurando que mantiene «la actitud que siempre ha mantenido» de respeto a la independencia de los jueces y a su trabajo en el marco de un Estado social y democrático de derecho. «Máximo respeto a la independencia del Poder Judicial», insistió.

Montero eludió también pronunciarse sobre los frentes judiciales de sus socios y defendió que el Ejecutivo está «muy fuerte» ahora y listo para aprobar unos nuevos Presupuestos del Estado. La inyección de recursos que ha supuesto la aprobación en Bruselas del fondo para la recuperación ha devuelto al Gobierno la expectativa no solo de reactivar la legislatura, sino de agotarla con plenas garantías. «Tenemos por delante cuatro años -remarcó-, que esperemos poder utilizar, para dar el impulso económico que España necesita».

Persecución política

El silencio de Sánchez y de su Gobierno sobre los problemas judiciales de Unidas Podemos, choca con la versión que desde el propio partido de Iglesias se ha lanzado. Según la formación morada, todo se debe a una persecucion política orquestada desde Vox, que está personado en la causa. «Existe un interés político de fondo que es más que evidente, una moción de censura que necesita un aderezo», señaló el diputado Rafa Mayoral.

Para el portavoz de la ejecutiva morada no hay lugar a dudas de que el fin que se persigue poniendo al partido en el disparadero no es otro que el «sacar a Podemos del Gobierno». Una idea que ha repetido el propio Iglesias en los últimos meses y de la que, incluso, alertó el pasado enero durante el debate de investidura. «No nos van a atacar por lo que hagamos sino por lo que somos», dijo entonces convencido de que la legislatura del primer Gobierno de coalición de la Democracia estaría llena de obstáculos.

Mayoral explicó en RNE que la denuncia presentada por el excoordinador jurídico del partido José Manuel Calvente, y que ha acabado con la imputación de tres miembros de la dirección, «no tiene ninguna consistencia» y «son suposiciones todo». De ahí, que la formación morada haya registrado en las últimas horas un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa. En Podemos aducen que la investigación se basa en meras «sospechas», que no tienen «relevancia penal» y que, además, fueron obtenidas de forma «ilícita» por el abogado despedido, que habría vulnerado la confidencialidad. «Con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada», apuntó Pablo Echenique.