El Gobierno defiende su derecho a discrepar de la corte y el PP se enroca para no renovar cargos
No es usual que el Gobierno discrepe en público ante una resolución judicial, pero en este caso la decisión del Tribunal Constitucional contra el estado de alarma ha escocido y ha hecho que prescinda de los habituales reparos formales. La principal queja del Gobierno es, como dijo el miércoles la ministra de Defensa, la carencia de «sentido de Estado» que han mostrado, a su entender, los miembros de la corte de garantías.
El ministro del Interior y exmagistrado de la Audiencia Nacional abundó en esa tesis durante la inauguración de una cárcel en Soria y defendió el derecho del Ejecutivo a «disentir» de la resolución de la corte aunque la disparidad de criterio no vaya a tener efectos y se quede en un mero pataleo. Fernando Grande-Marlaska explicó ayer que el Ejecutivo no está conforme y «discrepa de la sentencia de forma razonable, adecuada y desde un punto de vista jurídico». El fallo, precisó, «se acata», pero no se comparte. «Eso —apostilló— es propio de un estado de derecho».
El ministro recordó que el propio Constitucional en abril del año pasado mostró su conformidad con la declaración del estado de alarma, y quince meses después ha defendido una posición contrario. Habría que hacer, prosiguió, «una mínima reflexión sobre el motivo» del cambio de postura de los magistrados y porqué «se ha tardado tanto en dictar una resolución».
«UN SECUESTRO DEL PP»
El lenguaje mesurado de Marlaska contrastó con la crudeza de su compañera de Consejo de Ministros Irene Montero que enmarcó el fallo del Constitucional en «el secuestro» del PP de los órganos constitucionales. Eso, y no la sentencia en sí, es «lo más grave», apuntó la titular de Igualdad y número dos de Unidas Podemos.
Para el líder del PP no se trata de discrepancias ni de falta de sentido de Estado, se trata de una injerencia del Gobierno en las decisiones del Constitucional. La respuesta gubernamental, denunció Pablo Casado, es un «atropello a la separación de poderes» y a la independencia del Poder Judicial. Qué otra cosa se puede pensar, subrayó, si una magistrada ha denunciado «presiones» de la anterior vicepresidenta Carmen Calvo para que rechazara el recurso de Vox.
Se refería a las palabras de Encarnación Roca que reveló que había recibido llamadas en ese sentido de la exnúmero dos del Gobierno. Ante esa actitud del Gobierno, concluyó Casado, el PP no va a sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años y medio. «No vamos a renovar el Poder Judicial si (el Gobierno) no acepta un reforzamiento de la independencia judicial».
Un argumento que se suma a los defendidos por el PP para mantener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces, como la negativa a que Podemos designe vocales del Consejo o los ataques del socio minoritario de la coalición gubernamental a la Corona.
Pero el PP no se queda ahí en su ofensiva contra el Gobierno. Ha solicitado la comparecencia de Sánchez en el pleno del Congreso para que explique qué «responsabilidades» va a asumir ante la sentencia. Una petición que no irá ninguna parte porque será rechazada la próxima semana en la Diputación Permanente de la Cámara, pero que evidencia que el PP no va a soltar la presa. | R. GORRIAGÁN