El Gobierno deja solos a Pablo Iglesias y a Garzón y sale en defensa del Rey
Considera que Felipe VI no ha roto la neutralidad institucional y acusa al PP de «patrimonializarlo»
El Rey y Pedro Sánchez, en agosto en el palacio de Marivent. BALLESTEROS
En plena tormenta institucional, el Gobierno salió en defensa del rey, obvió la críticas de los ministros de Unidas Podemos, riñó al presidente del Consejo General del Poder Judicial y acusó al PP de intentar «patrimonializar» la Jefatura del Estado. Todo de una tacada.
El Ejecutivo quiere zanjar una crisis de complicada gestión y que lleva la firma de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno decidió el pasado martes que Felipe VI no asistiera en Barcelona a la entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces, una tradición instaurada hace 20 años por Juan Carlos I y continuada por su hijo. Una ausencia que desató una tormenta en el Poder Judicial, que mantiene desde hace meses tirantes relaciones con el Ejecutivo, y cargó las baterías de la oposición.
El Gobierno, además, nunca ha dado una explicación clara de su decisión. Razones de «convivencia», alegó este lunes el ministro de Justicia y alimentó las especulaciones sobre un gesto de Sánchez para no incomodar a los independentistas en plena negociación de los Presupuestos. Una paletada de carbón para la caldera de la oposición.
La ministra portavoz del Gobierno trató de poner coto a la polémica y aseguró que Felipe VI «en ningún momento ha vulnerado la neutralidad institucional y democrática que le exige la ley. El jefe del Estado siempre respeta la neutralidad» establecida en la Constitución. Unas palabras que vienen a cuento de la llamada del rey al presidente del Poder Judicial tras el acto que no presidió el pasado viernes. Carlos Lesmes resumió su conversación con Felipe VI con un «le habría gustado estar aquí». La Zarzuela desmintió esa versión y aseguró que fue una «llamada de cortesía» para «trasladar su felicitación personal a la nueva promoción». Dio igual, la polémica ya había entrado en ebullición.
María Jesús Montero intentó ayer bajar el diapasón, sobre todo en el capítulo interno del Consejo de Ministros. El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos puso en duda «la neutralidad» del rey y el ministro y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, fue más allá y acusó a Felipe VI de «maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido». Pese a la rotundidad de los comentarios, la portavoz los limitó a «la opinión personal de dos personas», pero que no representan la del Gobierno, cuya posición la fija el presidente. Y esa postura, añadió, es «clara y diáfana» de apoyo a la Monarquía parlamentaria.
La portavoz no aclaró si esta nueva divergencia motivó una amonestación del presidente a sus ministros. Pero dio a entender que no. En lo que sí se explayó fue en censurar la indiscreción de Lesmes porque una llamada de cortesía, sobre todo si es del jefe del Estado, debe quedar en el terreno de la «discreción», y no ser pasto para el cotilleo.
En el Gobierno es palpable el malestar con el presidente del Poder Judicial, tanto por negarse a postergar unos días la ceremonia de la Escuela Judicial, petición que le hizo el ministro de Justicia para no coincidir con el fallo del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra, como por elevar a categoría de respaldo oficial la llamada del rey. Aunque la razón más de fondo está en el empeño de Lesmes de no interrumpir el nombramiento de jueces a pesar de estar en funciones desde hace 21 meses.
Montero también se mostró tajante con el líder de la oposición por el intento de «patrimonializar» por «puro interés partidista» al jefe del Estado. «Le hacen un flaco favor». Si de constitucionalismo se trata, subrayó la ministra, el PP debería renunciar al bloqueo de la renovación de los vocales del Consejo de Poder Judicial, que es una institución constitucional.