lunes 18/10/21

El Gobierno se desliga de la detención de Puigdemont y de su puesta en libertad

El PP insta Sánchez a demostrar que el «error» del TGJUE no fue «auspiciado» con intención

No han pasado ni dos años desde que tanto Pedro Sánchez como Carmen Calvo agitaron la segunda campaña para las generales de 2019 con la promesa de traer de vuelta a Carles Puigdemont para ser juzgado. De aquel discurso de firmeza contra el independentismo, destinado a seducir al electorado desencantado de Ciudadanos, han quedado unas palabras que perseguirán al jefe del Ejecutivo: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está».

Ahora son munición tanto para el PP como para Junts.

El Gobierno se afana en defender que la situación procesal del expresidente de la Generalitat está fuera de su alcance, aunque fue la Abogacía del Estado quien informó erróneamente al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea de que las euroórdenes emitidas contra él y el resto de encausados huidos estaban suspendidas, y así consta en el auto que esa corte europea emitió el pasado 30 de julio.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, instó ayer a Sánchez a demostrar «su compromiso con la ley y la justicia» y a probar que ese «error judicial» que, según su criterio, permitió que la juez italiana dejara el pasado viernes en libertad a Puigdemont sin obligarle a permanecer en Cerdeña «no es consentido ni está auspiciado por el Ejecutivo».

El enfoque de Junts, empleado en dinamitar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, es el contrario. El jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, dejó caer ayer en Catalunya Ràdio su «sospecha» de que «algún miembro» del Gobierno sabía que se iba a producir la detención, algo que ya negó el viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ayer, en una cumbre comunitaria sobre migración en Málaga, Marlaska replicó a unos y otros que son los tribunales europeos los que tienen que «dialogar» entre sí, trasladar la información y «resolver lo que proceda conforme al acervo comunitario». «Yo no hago valoraciones de las resoluciones judiciales», añadió.

La asepsia de ese discurso oficial contrasta con la tranquilidad con la que se respira en el Gobierno ante la posibilidad, cada vez más cierta, de que Puigdemont evite una vez más ser puesto a disposición judicial. En público el Ejecutivo insiste en que, como cualquier otro ciudadano, el expresident debe someterse a la justicia española, en privado, los socialistas admiten que su entrega podría complicar la relación con ERC y dificultar tanto la continuidad de la mesa de diálogo como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que en estos momentos dan por amarradas.

En Moncloa sostienen que si es por el partido de Oriol Junqueras y Pere Aragonès nada se romperá. Es lo que coligen de los contactos directos mantenidos con los republicanos fundamentalmente por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el jefe de gabinete del jefe del Ejecutivo, Oscar López. A Sánchez y a Aragonés les une un mismo deseo: evitar que la política catalana vuelva a ‘inflamarse’ y condicione una legislatura que, por distintos motivos, ambos quieren centrar en la gestión de la crisis económica y social provocada por la pandemia.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, insistió ayer en un acto en Salamanca en que su formación «acata los procesos judiciales» y aprovechó, como ya hizo Sánchez, para subrayar que fue con un Gobierno del PP con el que Puigdemont se fugó en 2017. «Le digo al señor Casado que sabemos lo que hay que hacer: dialogar, dialogar y dialogar. Lo contrario es no permitir que Cataluña y los catalanes avancen con el resto de España».

El Gobierno se desliga de la detención de Puigdemont y de su puesta en libertad
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