El Gobierno dilata decisiones clave y reformas hasta después del 4-M
El estado de alarma, la renovación judicial y las reformas fiscal y laboral quedaron aparcadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaudido en una de sus intervenciones públicas. FERNANDO VILLAR
A partir de mañana se abrirán las compuertas que han mantenido embalsadas relevantes decisiones del Gobierno, reformas institucionales, traspasos autonómicos y cambios legislativos. La Moncloa ha retenido hasta después de las elecciones madrileñas de hoy un amplio paquete de medidas para no introducir más elementos de tensión en la ya crispada campaña o que fueran potenciales rémoras para los intereses electorales del PSOE.
La primera será la decisión definitiva sobre el futuro del estado de alarma. Es parte del juego que en una contienda electoral se escuchen promesas imposibles, acusaciones sin fundamento y discursos sin mesura. Todo se justifica con el argumento de que es campaña y en ese fragor las pasiones se desatan. Pero las campañas también se convierten en frigoríficos de la acción gubernamental. La continuidad o la conclusión del estado de alarma es un ejemplo de libro.
El Gobierno anunció el 7 de abril que no iba a prorrogarlo. Pedro Sánchez introdujo durante su intervención en el Congreso la salvedad de que era su «intención», pero posteriores manifestaciones suyas y de ministros elevaron la intención a la categoría de decisión. De nada han servido las quejas, con el lehendakari Iñigo Urkullu al frente intentando hacer valor la condición de socio preferente del PNV, pero también las de comunidades gobernadas por el PP, Castilla y León, Andalucía, y Galicia, o el PSOE, Castilla-la Mancha.
La vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Carolina Darias han mantenido que el 9 de mayo concluye el marco legal excepcional, pero reina el silencio en la Moncloa. Una discreción que ha apuntalado las esperanzas de quienes reclaman su ampliación durante uno o dos meses más. Sánchez, si quiere, tiene tiempo para hacerlo después de las elecciones de hoy en Madrid. Puede convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga y llevar la propuesta al Congreso antes del vencimiento del próximo domingo. ¿Va a hacerlo? No se sabe. Como tampoco ha habido respuestas a las pregunta sobre las razones de ese empeño en finiquitarlo o en qué afecta a las elecciones de Madrid la insistencia en liquidar el toque de queda o los cierres perimetrales, como no sea evitar las acusaciones de una nueva rectificación o dar munición a Isabel Díaz Ayuso para, en su línea tradicional, oponerse. Pero no es el único asunto embalsado. Es previsible que la tantas veces postergada renovación del Consejo General del Poder Judicial con mandato vencido hace dos años y medio reciba fumata blanca una vez hecho el recuento de los votos.
El acuerdo, dice el Gobierno, existe, apreciación que el PP no comparte. La realidad es que la interinidad no se puede prolongar mucho más puesto que hay casi medio centenar de altos cargos de la carrera judicial vacantes sin cubrir, los vocales no pueden hacer nombramientos y Bruselas apremia para que se normalice la situación. Aunque en este caso todo apunta a que han sido los populares los más interesados en no cerrar un acuerdo durante la campaña por aquello de evitar componendas con los socialistas en medio de la batalla electoral.
El apunte que se permitió en la campaña la ministra de Hacienda sobre los cambios fiscales provocó una densa polvareda. La oposición reprochó a Montero que planteara de tapadillo una subida de impuestos y el Gobierno sepultó el debate. Lo mismo ha pasado con el globo sonda de la eliminación de las declaraciones conjuntas del IRPF. Queda por conocer el alcance de la reforma laboral PSOE-UP.