El Gobierno espera que Casado negocie el Poder Judicial tras la censura de Vox

El Gobierno confía en que pasada la borrasca de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez el líder del PP se avenga a negociar la renovación de los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato venció en diciembre de 2018.

Santiago Abascal anunció que presentaría la moción en septiembre, pero a falta de nueve días para que acabe el mes no hay noticias de la misma. Ni fecha ni candidato.

Pero el PP, que sabe que el movimiento de Vox es un examen a Casado, no quiere pillarse los dedos porque se teme que negociar la renovación del gobierno de la judicatura será un argumento notable para que el partido de ultraderecha arrecie sus acusaciones de compadreo con los socialistas, mientras que ellos son la oposición real. Los cálculos de la Moncloa son que hasta que no se dirima ese debate no habrá novedades y el líder de la oposición seguirá encastillado en que no va a negociar con un Gobierno en el que uno de los dos socios, Unidas Podemos, pone en cuestión la monarquía parlamentaria, uno de los pilares del modelo constitucional.

Contra la Constitución

Casado lo volvió a recordar ayer a raíz de las palabras de Pablo Iglesias, que defendió el sábado ante la dirección de su partido que la «tarea fundamental» es avanzar hacia la república. «¿Es esto para Sánchez defender la Constitución?», se preguntó ayer el líder del PP en su cuenta de Twitter. «No se puede negociar la renovación de las instituciones con quien ataca la principal de ellas», remató.

Sánchez y PSOE esperan que Casado no se mueva de este mensaje, «pueril», a su entender, de aferrarse a los principios ideológicos de un socio del Gobierno para «incumplir la Constitución» y mantener bloqueado el Consejo del Poder Judicial, una institución capital en el armazón del sistema. El presidente del Gobierno apretó las tuercas en una entrevista en la Sexta el sábado por la noche y apuntó que es razonable sospechar que Casado no quiere la renovación para mantener la mayoría conservadora del Consejo ante los juicios por corrupción que se avecinan y que afectan al PP.

Un Consejo conservador El actual órgano de gobierno de los jueves fue elegido en 2013, con el Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, y está formado por once vocales propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV. Además, su presidente, Carlos Lesmes, fue avalado por los populares. Está en funciones desde hace un año y medio largo pero no ha dejado cubrir la plazas de jueces. Y tiene en cartera la designación de tres magistrados para la Sala de lo Penal del Supremo, encargada de revisar los casos de corrupción que lleguen a esa instancia.

Esta situación ya se vivió en 2004 con el Gobierno de José Luis Zapatero. Entonces, el PP también bloqueó la renovación durante 22 meses y convirtió al Consejo en un ariete de la oposición con Enrique López al frente, en aquellos años portavoz del Poder Judicial y ahora consejero de la Comunidad de Madrid. El Gobierno confía en que ese escenario no se vuelva a repetir porque el acuerdo entre los negociadores de ambos partidos estaba hecho «al 99%», según reveló Sánchez hace dos semanas. El PP no afinó tanto, pero reconoció que el acuerdo estaba encarrilado. Había incluso conformidad sobre los nombres de los futuros vocales.

Estrategia de Sánchez

En el PP no descartan que, pese a la férrea negativa de estos momentos, la negociación se retome en el último trimestre del año pero no garantizan nada. Todo dependerá de la estrategia que marque Casado. Sánchez, mientras, aprieta y exige al líder de la oposición que si es tan constitucionalista como dice ser lo sea «del primer al último artículo» y no a «tiempo parcial».

Los socialistas, además, van a forzar este miércoles una votación en la Comisión Constitucional del Congreso de una proposición de su diputado Odón Elorza que urge a todos los grupos parlamentarios para que colaboren en la renovación de los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, pero también el Tribunal Constitucional, con cuatro de sus doce magistrados con el mandato vencido desde noviembre pasado. Para todo ello, la colaboración del PP es imprescindible.