domingo 28/2/21

El Gobierno y la Generalitat se enfrentan por el aplazamiento de las elecciones

La falta de una ley electoral catalana y la ausencia de previsiones en la Loreg pueden conducir a un limbo legal
El ministro de Sanidad y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa. MARISCAL

La batalla política del 14-F puede acabar en los tribunales. El Gobierno central y el catalán tuvieron ayer el enésimo choque institucional, en este caso sobre las consecuencias jurídicas que podría acarrear un aplazamiento de las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero, una decisión que podría quedar en un limbo legal.

Los partidos catalanes y el Govern se reúnen mañana para decidir sobre los comicios. Solo el PSC se ha mostrado públicamente favorable a mantener la fecha inicial. El Ejecutivo catalán se inclina por el retraso de la fecha hasta mayo o junio. Pero el Gobierno central lanzó ayer un aviso. «Cuidado», advirtió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, porque lo que está en juego son derechos fundamentales y la «suspensión de la democracia puede tener consecuencias para la propia democracia».

El titular de Justicia aseguró en RNE que el aplazamiento sería muy grave y que la suspensión de un «trámite electoral de este calibre no está contemplada en la Ley Electoral General». Además, abrió la puerta a que la decisión pueda ser recurrida ante los tribunales de lo contencioso. «El derecho tiene mecanismos de impugnación. Cautela ante una falta de previsión legal», advirtió.

El Govern replicó con un informe de sus servicios jurídicos y con otro de la Consejería de Salud. El primero asegura que existe cobertura legal para el aplazamiento. El documento admite que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no contempla la posibilidad de posponer unas elecciones, pero sí apunta que en Galicia y el País Vasco esta circunstancia no supuso un «obstáculo para entender que esta suspensión podía decretarse y que el órgano competente para hacerlo era el mismo que era competente para adoptar el decreto de convocatoria».

«No puede aplazar»

La diferencia es que Galicia y País Vasco tienen ley electoral propia, ambos aplazaron sus comicios en un contexto de confinamiento domiciliario y la decisión se adoptó con el consenso de las fuerzas políticas. Los socialistas entienden que las elecciones catalanas fueron convocadas automáticamente, una vez transcurrido el periodo legal para buscar una investidura alternativa a Quim Torra, y «no por una decisión del Govern». «Quien no ha convocado, no puede aplazar», señalan en el PSC, que se guarda la carta de la impugnación. Hasta ahora, los socialistas se habían quedado solos en defensa del mantenimiento del 14-F, pero JxCat quiso añadir presión de última hora a la reunión de los partidos y de paso cargar las tintas contra sus socios de Esquerra.

El documento del Ejecutivo catalán apunta además que el retraso estaría justificado «si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente la situación de emergencia sanitaria, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias».

De ahí el informe facilitado por la Consejería de Salud a los partidos, que prevé que las elecciones se celebrarían en la cresta de la tercera ola, en un contexto que podría llegar a ser como el de la primera oleada, con 9.000 contagios diarios y 1.200 ingresados en las UCI.

Fuentes de la Consejería de Salud señalaron ayer que si se pueden «evitar» las elecciones, desde el punto de vista epidemiológico, mejor que mejor. Y apuntaron que bien entrada la primavera sería el escenario más propicio para la fecha alternativa, ya que los más vulnerables ya estarán todos vacunados y el frío del invierno ya habrá quedado atrás.

El Gobierno y la Generalitat se enfrentan por el aplazamiento de las elecciones