El Gobierno ilegalizará este año las asociaciones que ensalcen el franquismo
Aprobará también el decreto sobre el Valle de los Caídos, que decidirá el futuro de los monjes
Imagen del santuario benedictino de Cuelgamuros. EMILIO NARANJO
El Gobierno tiene previsto aprobar a lo largo del año 2023 una modificación de la ley de asociaciones, que permitirá ilegalizar aquellas que hagan apología del golpe de Estado de 1936, de la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes.
De este modo el Ejecutivo da cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre que fijó un plazo de un año desde su entrada en vigor para cambiar esta norma. Se trata del paso previo para ilegalizar asociaciones como la Fundación Nacional Francisco Franco o la Fundación de la División Azul, entre otras. En la nueva norma se incluirá como causa de disolución «la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura», según recoge el Ejecutivo en el Plan Normativo 2023.
También serán objeto de disolución las que «enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo» o inciten de forma «directa o indirecta al odio o la violencia» contra estas víctimas por su condición de tales. Será el Ministerio del Interior el encargado de proponer la reforma de esta norma.
El Gobierno también incluye en el Plan Normativo la aprobación del real decreto que regulará el Valle de los Caídos, que será decisivo para el futuro de la congregación de monjes benedictinos que habita actualmente en el Valle, que pasó a denominarse ‘Cuelgamuros’, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria.
El objetivo de esta norma es «establecer el régimen de funcionamiento y organización del Valle de Cuelgamuros» según lo mandatado en la citada Ley de Memoria y estará a cargo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Félix Bolaños. Asimismo, el Ejecutivo prevé aprobar otro real decreto para crear el Centro de la Memoria Democrática, según lo establecido en el artículo 58 de la ley, que señala que su finalidad será la salvaguarda de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos.